El deterioro progresivo del Estado de Derecho ha sido preocupación preferente de nuestra revista. Una cadena ininterrumpida de denuncias, delaciones e investigaciones desformalizadas, parece arrastrarnos hacia la destrucción de la juridicidad, sea porque la autoridad se muestra sobrepasada, sea porque no se respeta el mandato legislativo o se vislumbran claros síntomas de descomposición moral, tanto en el campo político como administrativo. Cualquier observador desprejuiciado comprobará, con cierto estupor, de qué manera se van erosionando muchas de las instituciones fundamentales del ordenamiento jurídico, no sin el beneplácito de sectores abiertamente rupturistas. Da la impresión que el desorden se generaliza en nombre de las más diversas consignas reivindicativas.
En el vasto panorama institucional se requiere identificar los agentes más activos de este proceso de desintegración, a fin de neutralizar sus nefastas consecuencias. Se sostiene, a este respecto, que la debilidad y vulnerabilidad del Estado de Derecho se relaciona directamente con la situación y funcionamiento del Poder Judicial, puesto que, en definitiva, este se yergue como un bastión frente al deterioro de las estructuras jurídicas y la seguridad pública. Adviértase que la Carta Fundamental prevé las crisis que pueden afectar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, no así en lo concerniente al Poder Judicial, sobre cuyos hombros recae, en el día de hoy, el control de los actos de la Administración en su fase más radical (ius puniendi). Lo propio ocurre en el ámbito de las relaciones privadas. De aquí que se afirme, justificadamente, que el pleno restablecimiento de la juridicidad solo se alcanzará cuando los integrantes de la sociedad adquieran la convicción de que la ley se cumple y se erradique la impunidad.
¿Qué sucede entre nosotros? Una serie de hechos y circunstancias revelan que la población ha perdido la confianza en nuestros tribunales. Lo que destacamos reviste la mayor gravedad, porque los demás poderes del Estado, expuestos a la lucha política y la ácida crítica ciudadana, sufren un desgaste natural propio del ejercicio de sus funciones, lo que no ocurre tampoco en materia judicial. De aquí que el ejercicio de la jurisdicción esté llamado a transformarse en un pilar de la institucionalidad, capaz, incluso, de sustentar todo el peso estructural del sistema. Por lo tanto, no creemos exagerado sostener que una crisis de orden judicial desata consecuencias tan nocivas que contamina todo el aparato estatal.
Nos preocupa que los síntomas de la crisis que advertimos tengan su origen en el seno mismo del Poder Judicial, en el cual parecen confrontarse corrientes ajenas al quehacer jurisdiccional en desmedro del factor que sustenta, como se dijo, la plenitud institucional. Atravesamos por un terreno proceloso y crispado cuya dirección y desenlace no es posible predecir. No se trata de hallar recetas políticas o de sumarse a pronósticos agoreros, sino de fortalecer y depurar nuestras instituciones, entre las cuales la judicatura es fundamental.
Lo anterior explica que hayamos destacado, como tema central de la presente edición, el progresivo debilitamiento del Estado de Derecho por las insuficiencias y carencias de que adolece la actividad judicial. Tenemos conciencia de que se trata de un tema ingrato, todavía más, doloroso para los hombres y mujeres de derecho, pero inesquivable a la luz de los antecedentes conocidos. Ojalá este tema suscite inquietud en el campo profesional de los abogados, muchos de los cuales ven con justificada aprensión el destino que nos aguarda. Un debate abierto, sin restricciones y en que intervengan quienes viven más estrechamente vinculados a nuestros tribunales de justicia, podría contribuir a aclarar este panorama cuya oscuridad impide detectar la profundidad de sus causas y sus efectos.
Todas las dificultades que encaramos solo podrán remediarse aplicando la ley con objetividad y lealtad, por una parte, e introduciendo, por la otra, las innovaciones que exige la actual realidad social. Cuesta comprender por qué razón la autoridad no visualiza la importancia de la potestad jurisdiccional y su aporte insustituible a la consolidación del Estado de Derecho.
La presente edición de nuestra revista contiene, además, un valioso material sobre varios otros tópicos. Se han reunido ocho trabajos preparados con ocasión de un seminario internacional, realizado los días 3 y 4 del diciembre del año pasado, sobre “nuevas perspectivas del derecho contractual”, en el cual intervinieron, entre otros, el colombiano Javier Tamayo Jaramillo y el francés Christian Larroumet, ambos profesores y tratadistas ampliamente conocidos en nuestro medio.1 Asimismo, destacamos los comentarios respecto de los alcances inconstitucionales de la ley que pone fin al lucro, el copago y la selección;2 sobre la forma del Estado en Chile ante una eventual reforma constitucional;3 sobre el deber de lealtad de directores y gerentes de sociedades anónimas al interior de un grupo de sociedades (a propósito del Caso Cascadas); sobre la participación de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), etcétera. Se agregan, también, varios comentarios sobre la jurisprudencia y recensiones de obras recién publicadas.
Una vez más, convocamos a profesores y abogados a sumarse a esta publicación con el ánimo de reafirmar el carácter de esta tribuna, fuente de debate y extensión del conocimiento jurídico, promoviendo, de esta manera, la revisión y modernización de nuestro sistema legal.
Finalmente, no podemos dejar de representar el hecho de que en los próximos meses, sin duda alguna, atendida la situación política del país, se reactivará la preocupación ciudadana sobre la reforma de la Constitución y la discusión acerca de varios proyectos de ley alentados por el Gobierno especialmente sensible para la ciudadanía. En este contexto, “Actualidad Jurídica” y otras publicaciones de la misma factura cobrarán cada día mayor importancia, en la medida que permanezcan abiertas a todas las posiciones sin otra exigencia que la seriedad académica y el rigor científico.
EL DIRECTOR