Preocupación muy especial de nuestra Revista ha sido lo que bien podría calificarse de “progresivo deterioro” del “Estado de Derecho” –sin nombre ni etiqueta que lo distinga. La experiencia histórica revela que ello puede provenir de varias vertientes: una mala técnica legislativa (lo cual se traduce en leyes mal concebidas y peor elaboradas), la errada aplicación del sistema normativo (motivada generalmente con propósitos de carácter político), y el desencuentro entre las cambiantes aspiraciones sociales y los valores plasmados en las normas vigentes (lo que contribuye a retrasar la regulación jurídica).
Nuestro país ha sufrido, en épocas no lejanas, todas estas experiencias, perdiendo uno de los rasgos distintivos que desde el siglo xix identificaban a Chile en el continente americano.
Las normas jurídicas no son un fetiche que suscite la rendida adoración de los imperados, pero tampoco un recurso despreciable que pueda desdeñarse y abrogarse, según las circunstancias, incluso, “por las buenas o las malas”, como se ha pregonado en el último tiempo. Todo cambio que se introduzca en el sistema normativo debe ceñirse rigurosamente a lo que el mismo ordenamiento establece a este respecto. De lo contrario, el derecho pierde legitimidad, instaurándose un régimen caricaturesco y engañoso como ocurre, por desgracia, en no pocos países de Ibero América.
Otro tanto puede decirse de la aplicación de la ley. La autoridad llamada a obrar “conforme derecho”, está obligada a respetar su “letra y su espíritu”. La majestad de la misma impide, a nuestro juicio, transformarla en un instrumento susceptible de “adaptarse” a los íntimos anhelos del intérprete mediante su ingeniosa interpretación, como si se manipulara una substancia maleable. Pocos parecen comprender, desde este punto de vista, la importancia del recurso de casación que permite a nuestro Tribunal Supremo, fijar el sentido e intención de la ley, uniformando, de esta manera, su recta aplicación y haciendo realidad el principio constitucional de igualdad ante la ley. No menos sorprende resulta constatar que las constantes manifestaciones en defensa de la democracia, su profundización y perfeccionamiento, no se asocia al “Estado de Derecho”, no obstante que este último es uno de sus componentes fundamentales.
En este marco, parece justa nuestra preocupación ante los embates que periódicamente recibe el “Estado de Derecho”. Basta advertir los peligros que acechan el buen funcionamiento del sistema normativo para comprender, en toda su magnitud, los efectos que se siguen tanto de la mala calidad del trabajo legislativo, como de los vaivenes de la jurisprudencia (los cuales coinciden con una peligrosísima tendencia a politizar el trabajo jurisdiccional), como de la falta de identidad ciudadana con el mandato legislativo. Ante este panorama nadie, creemos nosotros, puede permanecer indiferente Estas razones nos llevan a distinguir dos trabajos de la presente edición, referidos al contenido del programa de la actual Administración, en los cuales se denuncia el deterioro del “Estado de Derecho” desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
Ningún abogado, formado bajo la influencia de principios jurídicos que justifican y ennoblecen nuestra actividad, puede desentenderse de esta realidad, la cual imperceptiblemente pone en grave riesgo la continuidad de un sistema que, sin duda, constituye la manifestación más perfecta de la organización social.
Las reflexiones a que aludimos, contribuirían a despejar el oscuro panorama que se cierne sobre el derecho, fruto de proposiciones destempladas y poco meditadas.
De la misma manera, una serie de otro trabajos, relativos a los principios que rigen instituciones fundamentales de la legislación civil, la sana crítica y fundamentación de las sentencias, el desarrollo sustentable en la doctrina y práctica de los tribunales nacionales, la difusión de información falsa o tendenciosa en el mercado de valores, y un conjunto de artículos sobre temas igualmente relevantes completan la presente edición y convocan a una reflexión cada día más exigente.
No podemos dejar de señalar que nuestro país está envuelto, como se ha manifestado críticamente en el ámbito político y en los medios de comunicación, a una especie vorágine legislativa, conmoviendo intensamente el quehacer ciudadano. En definitiva, todas las probables modificaciones que se acuerden en el futuro presionarán el sistema legal y, no es aventurado anticipar que, por este medio, se degradará, todavía más, el “Estado de Derecho”. Solo cabe a los abogados y estudiosos de las disciplinas jurídicas mantenerse alertas frente a consecuencias imprevisibles cuya trascendencia no somos capaces de dimensionar en este momento.
Finalmente, no puede tampoco dejar de representarse la posibilidad de que la aplicación de las leyes, con un marcado sesgo ideológico, corroa el sistema legal, transformándolo en otra trinchera política más. Aun cuando pudiera estimarse exagerado advertirlo, es un hecho que comienzan a evidenciarse signos altamente preocupantes.
EL DIRECTOR