El profesor investigador del Centro de Derecho Regulatorio y de la Empresa (CDRE) de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Juan Ignacio Contardo, publicó en El Mercurio Legal una columna de opinión en la que analiza la implementación de la Ley N° 21.368, conocida como “Ley de plásticos”, y su eventual interacción con la interpretación administrativa del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en materia de consumo sostenible.
En el texto, el académico examina las obligaciones impuestas a supermercados y comercializadores de bebestibles respecto de la oferta de envases retornables, su exhibición en góndolas y la exigencia de “sensibilizar” a los consumidores, junto con el reglamento que fija parámetros como un 30% mínimo de superficie visible destinada a estos productos. Asimismo, plantea dudas sobre la capacidad de fiscalización municipal para verificar el cumplimiento efectivo de estas exigencias en la práctica.
El profesor Contardo advierte que, en este escenario, podría producirse una expansión del alcance regulatorio de la normativa si ciertos incumplimientos de la ley sectorial son reconducidos al ámbito de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC), especialmente a partir de la “Circular interpretativa sobre consumo sostenible” dictada por el Sernac en 2024. Según plantea, ello podría generar efectos sancionatorios no previstos originalmente por el legislador.
En esa línea, el investigador cuestiona el uso de conceptos jurídicos abiertos en la interpretación administrativa. “La ‘Ley de plásticos’, a partir de la aplicación de la LPDC, podría terminar proyectando efectos regulatorios más amplios que aquellos originalmente previstos por el legislador”, advierte, alertando además sobre el riesgo de extender indirectamente el ámbito infraccional hacia materias tradicionalmente fiscalizadas por los municipios.
El autor también pone el foco en el deber de “sensibilización” exigido por la normativa, planteando interrogantes sobre su contenido y alcance práctico en el retail. A su juicio, no resulta evidente cómo se materializa esta obligación sin incurrir en ambigüedades interpretativas que podrían afectar tanto a consumidores como a proveedores.
Para revisar el análisis completo del investigador del CDRE UDD, se puede acceder a la columna íntegra publicada en El Mercurio Legal.
