El profesor de Derecho Constitucional e investigador del Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la Facultad de Derecho UDD, Gaspar Jenkins Peña y Lillo, publicó una columna de opinión en El Mercurio Legal titulada “¿El principio de precaución justifica una política discriminatoria?: sobre el caso C-769/22, Comisión Europea v. Hungría”, donde examina una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y sus implicancias para el derecho antidiscriminatorio.
En su análisis, el profesor Jenkins aborda el fallo que declaró contraria al derecho europeo una legislación impulsada por el gobierno de Hungría que, bajo el argumento de proteger a niños, niñas y adolescentes, restringía la difusión de contenidos relacionados con la diversidad sexual y de género. La normativa fue cuestionada por la Comisión Europea por vulnerar derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad de expresión y la prohibición de discriminación.
La columna pone especial atención en uno de los argumentos centrales de la defensa húngara: la invocación del principio de precaución para justificar estas restricciones. Tradicionalmente utilizado en materias ambientales y sanitarias, este principio permite adoptar medidas preventivas frente a riesgos potenciales respaldados por antecedentes científicos, aun cuando no exista certeza absoluta sobre sus consecuencias.
Sin embargo, explica que el TJUE rechazó esta interpretación al considerar que no existían bases científicas que acreditaran un riesgo asociado a la exposición de menores a contenidos sobre diversidad sexual o de género. Asimismo, el tribunal sostuvo que el principio de precaución no puede utilizarse para legitimar medidas que impliquen una discriminación directa por razones de sexo u orientación sexual.
“El principio de precaución no puede invocarse para justificar restricciones a derechos fundamentales basadas en riesgos hipotéticos desprovistos de sustento científico. Su función debe orientarse a prevenir situaciones de discriminación y proteger anticipadamente a grupos en situación de vulnerabilidad”, señala en su columna.
El académico concluye que la sentencia constituye un importante precedente para delimitar el uso de este principio jurídico y reafirmar la protección de la igualdad y la no discriminación en sociedades democráticas y pluralistas. Revisa la columna completa del profesor Gaspar Jenkins en El Mercurio Legal.
