La directora del Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, fue entrevistada por El Mercurio para analizar el actual escenario político-constitucional marcado por la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau y la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de Ley de Reconstrucción.
En la conversación, la académica planteó que ambos mecanismos deben utilizarse con estricto apego a los fines establecidos por la Constitución y no como herramientas de presión política. En ese contexto, sostuvo que «la acusación constitucional se está usando políticamente desviándose de su fin, que es el de exigir cuentas de ilícitos constitucionales».
Respecto de la acusación constitucional, la profesora Peña explicó que este mecanismo constituye una herramienta de última ratio, por lo que, antes de recurrir a ella, debieran agotarse otros instrumentos de fiscalización previstos en el ordenamiento jurídico, como las interpelaciones parlamentarias o los acuerdos de las cámaras.
Asimismo, señaló que «este es un típico caso en que la política parece ganarle terreno al derecho, en donde realmente la política absorbe al derecho, lo supedita, lo subordina», enfatizando la importancia de distinguir entre discrepancias políticas y la existencia de infracciones constitucionales que justifiquen una acusación.
Consultada sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de Ley de Reconstrucción, manifestó que las instituciones no deben ser utilizadas conforme a criterios coyunturales o partidistas, ya que ello implica una desviación de los fines para los cuales fueron creadas.
Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la utilización política de estas herramientas constitucionales. «El riesgo enorme es el resquebrajamiento del Estado de Derecho», afirmó, agregando que cuando los mecanismos institucionales se emplean para fines distintos a los previstos por la Constitución, se debilitan la certeza y la seguridad jurídica que sustentan el orden democrático.
