La directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, Marisol Peña, publicó en La Tercera la columna de opinión “El peligro de estirar los principios”, donde aborda los riesgos jurídicos de utilizar principios constitucionales de carácter general como fundamento para establecer responsabilidades y sanciones.
En su análisis, la profesora Peña se refiere a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, actualmente revisada por una comisión especial de la Cámara de Diputados. La acción sostiene que el exsecretario de Estado habría infringido principios como la probidad, publicidad y transparencia, además de otros vinculados a la supervisión, coordinación y control de los recursos públicos.
La directora del CJC destaca que los principios han adquirido una importancia creciente en el Derecho contemporáneo, al contribuir a concretar valores sociales, orientar las políticas públicas y permitir la ponderación de derechos cuando estos entran en conflicto. Sin embargo, advierte que su carácter general puede dificultar la determinación precisa de responsabilidades jurídicas.
“Lo que está claro es que se debe ser especialmente cauteloso al imponer sanciones por conductas que no están clara y precisamente determinadas por el ordenamiento jurídico”, sostiene, enfatizando que esta exigencia responde tanto a la protección de los derechos como a razones de seguridad jurídica. En este sentido, contrasta el caso de Grau con las acusaciones constitucionales contra los exministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, donde la infracción al principio de probidad se vinculó con deberes expresamente establecidos en el Código Orgánico de Tribunales.
Te invitamos a leer la columna completa de la profesora Marisol Peña en La Tercera para conocer su análisis sobre los alcances de los principios constitucionales, la responsabilidad jurídica y los límites que deben considerarse al momento de invocarlos.
