Sergio Huidobro Martínez, abogado de FIHS Penal y profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, publicó en El Mercurio Legal una columna de opinión en la que analiza el denominado Caso Sartor y los cambios introducidos por las leyes N° 21.595, de Delitos Económicos, y N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En su análisis, el académico aborda el caso como uno de los primeros grandes escenarios de aplicación del nuevo marco regulatorio, destacando las implicancias que tiene para el derecho penal económico y el funcionamiento del mercado financiero chileno. La intervención y posterior liquidación forzosa de Sartor Administradora General de Fondos S.A. por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), junto con las sanciones aplicadas y la investigación del Ministerio Público, permiten —a su juicio— observar cómo conductas que tradicionalmente podían situarse en el ámbito administrativo adquieren hoy potenciales consecuencias penales.

Uno de los principales aspectos que desarrolla el profesor Huidobro es el impacto de la Ley N° 21.595, que reestructuró el régimen de los delitos económicos y estableció un sistema de sanciones más severo para quienes participan en este tipo de ilícitos. En este contexto, explica que conductas como la administración desleal, determinadas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y eventuales delitos societarios pueden adquirir una especial relevancia penal, mientras que la posición jerárquica de quienes intervienen en los hechos puede incidir en la determinación de las penas.

La columna también aborda la reforma a la Ley N° 20.393 y la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para el profesor, el Caso Sartor evidencia la importancia de contar con modelos de prevención de delitos que sean efectivos y no meramente formales. En particular, sostiene que la existencia de manuales o protocolos no resulta suficiente si estos no permiten prevenir o detectar efectivamente conductas ilícitas dentro de las organizaciones.

Otro de los desafíos que identifica el académico corresponde a la aplicación de la ley penal en el tiempo, considerando que parte de las conductas investigadas se habrían extendido durante el período en que entraron en vigencia las nuevas disposiciones. En este sentido, Huidobro destaca que el caso plantea relevantes interrogantes para la interpretación de las normas sobre irretroactividad y delitos de ejecución prolongada, convirtiéndose en un escenario especialmente relevante para el análisis del derecho penal económico.

“La interacción entre las leyes Nº 21.595 y Nº 20.393 erradicó el ‘riesgo calculado’ en los negocios corporativos. Para el abogado especialista, este escenario exige un dominio preciso de la imputación objetiva y del derecho penal en el tiempo; para el mercado, la enseñanza es clara: el compliance efectivo es la única salvaguarda real frente a la cárcel y la extinción institucional”, concluye Huidobro.

La columna completa se encuentra disponible en El Mercurio Legal.