Menciones en la Prensa

Santiago.- Los desafíos que vienen para la banca y las autoridades regulatorias del sector, por la puesta en marcha de la nueva Ley de Bancos, fueron abordados ayer en un seminario organizado por el Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la UDD.

El fiscal de la Asociación de Bancos, Juan Esteban Laval, dio a conocer en la cita que los requerimientos adicionales de capital por la actualización de la legislación bancaria podrían alcanzar desde los USS 4.613 millones hasta los USS 27.549 millones.

De acuerdo al marco legal, una vez que la Comisión para el Mer cado Financiero (CMF) integre a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) -hecho que sucederá el 1 de junio de este año- el regulador tiene un plazo de hasta 18 meses para aplicar los estándares de Basilea III.

Frente a este escenario, Laval planteó que “todo el período de implementación, para la banca no es irrelevante cómo se haga.Porque si se hace de una manera inapropiada, puede significar grandes cantidades de dinero con todos los efectos que eso tiene para la economía”.

La vicepresidenta de la CMF, Rosario Celedón, detalló que son 16 puntos que deberá definir la entidad, una vez que sea absorbido el regulador bancario, respecto a poner en marcha los nuevos requerimientos de capital.

Celedón dijo que “nosotros a partir de junio podemos empezar a definir un calendario” sobre los procesos de consulta pública que harála CMF para incorporar Basilea MI a la banca.

Cabe recordar que el superintendente de Bancos, Mario Farren, señaló en entrevista con DF que ya están listos los planes normativos para Basilea III y que la CMF podría poner en consulta tan pronto estimaran.

Secreto y reserva Uno de los temas que prolongó la tramitación de la Ley de Bancos en el Congreso fue el secreto y la reserva bancaria.Elemento respec to del cual oposición y oficialismo llegaron a un acuerdo, pero que luego el Tribunal Constitucional modificó, requiriendo que el Servicio de Impuestos Internos requiera autorización judicial para acceder a información bancaria de un contribuyente.

Elabogadoy socio de Carey, Diego Peralta, indicó que el secreto y la reserva bancaria “es una práctica que haido a la retirada en la banca internacional”.No solo ello, sino que manifestó que “la OCDE nos va a pasar la cuenta tarde o temprano sobre el secreto y la reserva bancaria”.

Mientras, Celedón apuntó a que “si queremos ser un centro finan ciero regional tenemos que tomarnos bien en serio y alinearnos con los estándares internacionales”.

Frente a Frente “Ley de Pesca: los cambios regulatorios no son gratis” de Camila Boettiger, Directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD. Publicada el Sábado 19 de enero en el La Tercera.

«Ley de Pesca: los cambios regulatorios no son gratis

La pesca industrial parece vivir en una permanente revisión regulatoria. El gobierno está tramitando un proyecto de ley para modificar el sistema de asignación de cuotas de la pesca industrial (Boletín 11.704-25), que ha causado inquietud en el sector. La última modificación a la Ley que regula esta actividad, en 2013, creó dos tipos de licencias de pesca: las clase A, que corresponden a aquellas que habían sido otorgadas bajo la legislación anterior, con cuotas máximas de captura históricas; pasaron a tener un plazo de 20 años, con un sistema de renovación simple: basta con no incumplir ciertas obligaciones, especificadas en la Ley, para renovarla. En cambio, las nuevas licencias, las clase B, no tienen posibilidad de renovación; éstas expiran por el cumplimiento de su plazo y se vuelve a subastar la cuota.

El proyecto de ley en comento busca eliminar la posibilidad de renovación de las licencias de pesca clase A, para que una vez que se cumplan los 20 años de plazo de las mismas, estas cuotas de captura pasen al sistema de subastas. De acuerdo al artículo 2° transitorio propuesto, las licencias clase A actuales simplemente perderán su posibilidad de renovación, pasando a ser de plazo fijo, lo que cambia sustancialmente una de las características esenciales de la concesión otorgada.

Dos cuestionamientos pueden hacerse a esta propuesta. Uno, sobre la bondad del sistema propuesto, esto es, si el sistema de subastas efectivamente garantiza una explotación sustentable de los recursos pesqueros y si se dará en un mercado con alta competencia (lo que fue cuestionado por el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Rol ERN 12-10). El segundo tiene que ver con el nuevo cambio de las reglas del juego para los actores de la industria pesquera, que podrían alegar la afectación de derechos adquiridos sobre sus licencias al impedirles su renovación.

En ese tipo de recursos de uso común, el acceso abierto lleva a lo que se conoce en economía como la “tragedia de los comunes”, que en la pesca lleva a la clásica “carrera olímpica”. Cuando el Estado otorga una concesión para aprovechar recursos que tiene bajo su tutela -porque no son estatales, sino que son comunes o públicos, como los recursos hidrobiológicos- está dándole una preferencia, un derecho a un particular por sobre otros, con el interés público que estos recursos se utilicen eficientemente y también tutelar su conservación; por eso son concesiones, temporales o indefinidas, renovables o no, caducables o no; el regulador elige un modelo y los titulares las conocen de antemano. Ahora bien, cuando la autoridad ha entregado, a través de un sistema determinado el derecho a explotar ese recurso, el titular de dicha concesión toma decisiones de inversión, contratación y financiamiento sobre la base del derecho concedido, su plazo, causales de caducidad y reglas para su renovación o pérdida. ¿Significa esto que el Estado no puede cambiar las reglas del otorgamiento de las concesiones, que los derechos otorgados están “petrificados” y que se deberán mantener a cualquier costo? Claro que no. La regulación, sobre todo en el caso de los recursos naturales, debe poder adaptarse; la autoridad, en virtud de su función de tutelar los intereses públicos involucrados (económicos, ambientales, sociales, etc.) puede y debe ajustar su explotación y aprovechamiento. Hay opciones: un régimen escalonado de renovación, una indemnización parcial, un ajuste de las cuotas de captura. El punto es que, no se puede pretender que los titulares de esas concesiones asuman todo el costo del cambio regulatorio.

Camila Boettiger

Directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa»

Frente a Frente, Camila Boettiger, La Tercera.

Carta al Director: Bases de la licitación del Transantiago

La Tercera, 07 de abril 2018

SEÑOR DIRECTOR:

Sorprende que autoridades del anterior gobierno se manifiesten públicamente tan contrarias al retiro de bases del Transantiago, alegando que perjudica a usuarios y favorece a ciertas empresas. En declaraciones de tono político se olvida que la licitación se detuvo por razones de libre competencia y por un tribunal que nada tiene que ver con la contingencia política. La libre competencia no debe olvidarse nunca: las bases del Transantiago parecían impedir la entrada de nuevas empresas de buses, las mismas que interpusieron demandas judiciales.

Todo proceso de licitación, una vez adjudicado, entrega un monopolio al que gana la concesión, en este caso durante nada menos que 10 años. Por lo mismo, antes de dar monopolios por una década, estay toda licitación debe asegurar que las bases sean competitivas. La competencia es lo que permite adjudicar estos monopolios a las empresas más eficientes, que brinden mayores beneficios a los usuarios, como menores costos y un mejor servicio.

Hoy sería prematuro conocerlas nuevas bases de licitación que presentará el Ministerio de Transportes; igualmente se desconoce si habrá prórrogas a los contratos existentes que pudiesen beneficiar a actuales operadores y se desconoce -lo que es altamente improbable- si el nuevo gobierno se tomará los mismos dos años y medio que se tomó el anterior para la elaboración de bases. Lo que sí consta es que las bases que retiraron levantaban muchos cuestionamientos en materia de libre competencia y, de ser así, ello hubiese perjudicado a los usuarios. Me parece que es momento de elevarla calidad del debate.

María Elina Cruz Tanhnuz

Directora ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD

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La Tercera

¿Cuántas veces le ha pasado que una determinada repartición pública le solicita antecedentes que debe generar otra repartición pública? ¿O que le vuelvan a pedir documentos que usted ya ha entregado en otros servicios, en etapas previas de un determinado trámite? ¿Cuántas veces hemos realizado una gestión en forma presencial ante un servicio público en circunstancias que ésta podría haberse realizado en línea? La respuesta es que esto nos ocurre con bastante frecuencia, y la música de fondo que resuena cada vez que nos enfrentamos a estas situaciones es la de una desagradable ironía: ¿No estamos en la era digital? ¿Cómo puede ser que los servicios públicos actúen como islas sin interconexión, dificultando la vida de las personas y el desarrollo de instituciones y proyectos?

En materia de modernización del Estado, y entre las muchas artistas que han de abordarse respecto de este complejo tema, la atención al usuario debiera ser una prioridad. Generar condiciones, con el mayor sentido de oportunidad, para que las personas y empresas (grandes, medianas, pequeñas y micro) perciban al Estado como uno más cercano y reciban de éste una prestación de servicios de calidad y eficiente, es esencial y constituye, posiblemente, una de las reformas más relevantes que deba llevar a cabo la nueva administración. Y las razones de su importancia son bastantes intuitivas: la “realización de trámites” afecta muchos aspectos de la vida de las personas, y en muchas etapas de ésta, cuestión que también es válida respecto de la creación y desarrollo de las instituciones, empresas, emprendimientos y proyectos. En términos de costo oportunidad, implican una alta inversión de tiempo y recursos que sin duda estarían mejor aprovechados si el Estado se planteara al servicio de los ciudadanos.

Acometer este aspecto de la reforma del Estado requiere de una voluntad persistente y un compromiso transversal de todos los sectores políticos. Requiere de gran convicción para hacerse cargo de diversas problemáticas, entre las cuales resulta imperativo revisar -y probablemente reducir- la multiplicidad de servicios existentes y ciertas exigencias que hoy resultan obsoletas, simplificando la malla organizacional del Estado, como así también la regulación; precisa de la evaluación de la calidad y formato de la información disponible en los servicios, de la interconexión de sus plataformas y una mayor coordinación institucional entre ellos; requiere continuar poniendo a disposición de los ciudadanos portales electrónicos o ventanillas web, amigables, de atención al público, al tiempo de avanzar en redes presenciales de atención a lo largo del país;  obliga a generar incentivos correctos para elevar los estándares de servicio en términos de calidad y tiempos de respuesta y de resultados. En suma, se trata de generar un Estado en línea y en el que impere una cultura centrada en los usuarios, de manera que los servicios agreguen valor en esta materia y no signifiquen una traba. Pero además, requiere de mucha nobleza de parte de nuestros gobernantes y legisladores quienes, inspirados en su vocación de servicio público, probablemente no aprovecharán del todo los beneficios políticos de una reforma de este tipo, pero que son conscientes del profundo impacto que esta problemática genera para la ciudadanía. Entusiasma advertir que hoy existe consenso transversal en la clase política, en la academia y entre los cuerpos intermedios de la sociedad respecto a que este asunto debe ser uno prioritario, y que el programa de gobierno del Presidente electo contempla la modernización del Estado como una tarea crucial, que atraviesa su hoja de ruta en La Moneda, en diversas materias, durante los próximos cuatro años.

TRADICIONALMENTE se ha entendido que el gobierno corporativo de una empresa constituye una herramienta para generar eficiencias económicas, al resolver eficazmente el denominado problema de agencia, mediante la maximización del valor de la compañía, en interés de los accionistas. Bajo esta concepción, no habría cabida para que la administración persiga ‘otros’ objetivos, en apariencia, diversos al mencionado. Sin embargo, la realidad nos habla de otro fenómeno, uno en que los directorios de las empresas habrían superado la regulación persiguiendo, asimismo, otros fines tendientes a la creación de valor para ser sostenibles en el tiempo. A diferencia de quienes estiman que esos ‘otros’ objetivos no están contenidos en lo que legalmente se ha mandatado a la administración a hacer, creo que ellos son parte esencial de dicha misión. La maximización del valor de una compañía no sólo debe entenderse como un objetivo a evaluarse en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Visto desde esa perspectiva, los incentivos de la administración cambian y permitiendo nuevas posibilidades. Así, al tradicional foco en los resultados económicos más inmediatos, se adicionarían otros que implican creación de valor en el mediano y largo plazo, lo que redunda en beneficio de los accionistas. A las tradicionales métricas que ponderan los resultados económicos, se han ido incorporando de manera expresa y sistemática (no como acciones aisladas o con efecto ‘marketing’) otras variables tendientes a verificar cuál es el impacto de sus actividades en la comunidad y en sus cliente.

Dado que en nuestro país la regulación es cada vez más abundante en diversas materias y el compliance está adquiriendo importancia, se estima que la demanda por servicios legales debiera crecer.

El sábado 22 de julio, la Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Natalia González conversó con Mónica Reyes, en el programa Al Timón, de Radio Agricultura.

Te invitamos a escuchar el programa, en el siguiente link

http://www.radioagricultura.cl/podcast/al-timon-sabado-21-julio-2017/

¡Bienvenidos los estudios de impacto regulatorio!

Por Natalia González, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD.

En ocasiones es la propia regulación la que produce efectos distorsionadores en los mercados, lesionando la competencia u otros bienes jurídicos tan atendibles como el que la propia regulación se había propuesto resguardar.

Los mercados que funcionan en condiciones de competencia producen una asignación eficiente de los recursos: el productor ofrece sus productos al menor costo y el consumidor accede a aquellos bienes y servicios que le reportan mayor beneficio.

Mientras más competencia exista, mayor es el incentivo de las empresas a innovar para distinguirse de la competencia y prosperar. La innovación produce incrementos en materia de productividad lo que se traduce en mayor crecimiento y desarrollo para nuestro país. Por todas estas razones, el marco regulatorio resguarda y fomenta la libre competencia, al tiempo que protege a los consumidores.

En ocasiones, no obstante, es la propia regulación la que produce efectos distorsionadores en los mercados, lesionando la competencia u otros bienes jurídicos tan atendibles como el que la propia regulación en cuestión se había propuesto resguardar. Así, en materia de libre competencia, altas cargas regulatorias o exigencias atípicas pueden terminar por generar barreras de entrada para nuevos competidores, con el consecuente perjuicio a los consumidores.

Un reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de la alimentación infantil, precisamente, apuntó a los efectos que una determinada regulación estaba causando en términos de reducir la competencia en ese mercado.

Este estudio hace nuevamente visible la importancia de contar con algún sistema o institucionalidad a través del cual el Estado pueda realizar, en forma sistemática, evaluaciones ex ante y ex post de la normativa y legislación. Bajo este sistema se deberían evaluar, en forma previa a su dictación y tras su aplicación, dentro de un plazo razonable, los costos de la regulación, su impacto, eventuales alternativas menos lesivas para alcanzar los objetivos buscados (respecto de otros bienes jurídicos en juego), propender a una mayor eficiencia y eficacia regulatoria, e instar, además, por dar coherencia, oportunidad y pertinencia al cúmulo de regulaciones que empecen a un determinado mercado o actividad económica. Este tipo de evaluaciones o estudios no hace otra cosa que fortalecer nuestra institucionalidad y el funcionamiento de los mercados.

*La autora es directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa Universidad del Desarrollo.

La Tercera, 30 de junio 2017

Nunca es tarde para impulsar el crecimiento

ADN Radio, 23 de junio.

Diario Financiero, 23 de  junio.

Exministro advirtió de una caída «sorprendente» de los ingresos por impuestos a empresas el año pasado a pesar de alza en tributo a 24%.