Menciones en la Prensa

TRADICIONALMENTE se ha entendido que el gobierno corporativo de una empresa constituye una herramienta para generar eficiencias económicas, al resolver eficazmente el denominado problema de agencia, mediante la maximización del valor de la compañía, en interés de los accionistas. Bajo esta concepción, no habría cabida para que la administración persiga ‘otros’ objetivos, en apariencia, diversos al mencionado. Sin embargo, la realidad nos habla de otro fenómeno, uno en que los directorios de las empresas habrían superado la regulación persiguiendo, asimismo, otros fines tendientes a la creación de valor para ser sostenibles en el tiempo. A diferencia de quienes estiman que esos ‘otros’ objetivos no están contenidos en lo que legalmente se ha mandatado a la administración a hacer, creo que ellos son parte esencial de dicha misión. La maximización del valor de una compañía no sólo debe entenderse como un objetivo a evaluarse en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Visto desde esa perspectiva, los incentivos de la administración cambian y permitiendo nuevas posibilidades. Así, al tradicional foco en los resultados económicos más inmediatos, se adicionarían otros que implican creación de valor en el mediano y largo plazo, lo que redunda en beneficio de los accionistas. A las tradicionales métricas que ponderan los resultados económicos, se han ido incorporando de manera expresa y sistemática (no como acciones aisladas o con efecto ‘marketing’) otras variables tendientes a verificar cuál es el impacto de sus actividades en la comunidad y en sus cliente.

¡Bienvenidos los estudios de impacto regulatorio!

Por Natalia González, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD.

En ocasiones es la propia regulación la que produce efectos distorsionadores en los mercados, lesionando la competencia u otros bienes jurídicos tan atendibles como el que la propia regulación se había propuesto resguardar.

Los mercados que funcionan en condiciones de competencia producen una asignación eficiente de los recursos: el productor ofrece sus productos al menor costo y el consumidor accede a aquellos bienes y servicios que le reportan mayor beneficio.

Mientras más competencia exista, mayor es el incentivo de las empresas a innovar para distinguirse de la competencia y prosperar. La innovación produce incrementos en materia de productividad lo que se traduce en mayor crecimiento y desarrollo para nuestro país. Por todas estas razones, el marco regulatorio resguarda y fomenta la libre competencia, al tiempo que protege a los consumidores.

En ocasiones, no obstante, es la propia regulación la que produce efectos distorsionadores en los mercados, lesionando la competencia u otros bienes jurídicos tan atendibles como el que la propia regulación en cuestión se había propuesto resguardar. Así, en materia de libre competencia, altas cargas regulatorias o exigencias atípicas pueden terminar por generar barreras de entrada para nuevos competidores, con el consecuente perjuicio a los consumidores.

Un reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de la alimentación infantil, precisamente, apuntó a los efectos que una determinada regulación estaba causando en términos de reducir la competencia en ese mercado.

Este estudio hace nuevamente visible la importancia de contar con algún sistema o institucionalidad a través del cual el Estado pueda realizar, en forma sistemática, evaluaciones ex ante y ex post de la normativa y legislación. Bajo este sistema se deberían evaluar, en forma previa a su dictación y tras su aplicación, dentro de un plazo razonable, los costos de la regulación, su impacto, eventuales alternativas menos lesivas para alcanzar los objetivos buscados (respecto de otros bienes jurídicos en juego), propender a una mayor eficiencia y eficacia regulatoria, e instar, además, por dar coherencia, oportunidad y pertinencia al cúmulo de regulaciones que empecen a un determinado mercado o actividad económica. Este tipo de evaluaciones o estudios no hace otra cosa que fortalecer nuestra institucionalidad y el funcionamiento de los mercados.

*La autora es directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa Universidad del Desarrollo.

Diario Financiero, 23 de junio.

Pulso, 23 de junio

El subsecretario de Hacienda dijo que lo recomendable es esperar a que la Reforma Tributaria esté implementada en régimen antes de iniciar una nueva discusión.

Prácticamente todas las candidaturas presidenciales están considerando realizar cambios a la Reforma Tributaria. Ante este escenario, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, llamó a la prudencia, ya que aún la actual reforma no está completamente implementada. «La prudencia llama a que la Reforma Tributaria esté completamente implementada antes de realizar cambios. Este sistema no está escrito en piedra y no hay nada ideológicamente fundamentado, pero lo recomendable es esperar a que este sistema esté funcionando completamente en régimen antes de hacer cambios», enfatizó.

El personero de Gobierno entregó estas declaraciones en el seminario «La reforma Tributaria, reflexiones sobre su impacto y cómo abordar los desafíos pendientes», organizado por el Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo (UDD). En esta instancia, Micco criticó la propuesta del precandidato presidencial, Sebastián Piñera, de bajar la tasa de impuestos a las empresas de 27% a 25%y de volver a un sistema integrado. «intengrar el sistema a la renta .y bajar la tasa a niveles de 25%, equivale atener una menor recaudación de 0,6 puntos del PIB», acotó. Por ello, el subsecretario añadió que «de ser así se debe estudiar cómo compensar los menores ingresos».

FONTAINE.

En el mismo seminario, uno de los coordinadores económicos del comando presidencial de Sebastián Piñera, y consejero de Libertad y Desarrollo (LyD), Juan Andrés Fontaine, respondió de inmediato las apreciaciones de Micco. De partida aseveró que «los impuestos a las rentas del capital afectan el ahorro, la inversión y el crecimiento» y que por lo demás «al subir los impuestos la economía se debilita, el Fisco puede salir perdiendo, ya que sus ingresos permanentes pueden terminar siendo inferiores». Para Fontaine, «el próximo Gobierno tiene a la mano la llave para recrear un clima favorable a la inversión y el crecimiento, iniciando la desgravación del ahorro empresarial».

Fontaine subrayó que los cambios tributarios «se deben compatibilizar con las necesidades de gasto fiscal provenientes de la creciente demanda de bienes públicos y la preservación de una situación fiscal saludable». Por ello, «los cambios exigen gradualidad de unos 10 años, por ejemplo, junto con un período de austeridad fiscal y estricto control de la evasión». Junto a ello, Fontaine indicó que se debe procurar un sistema tributario pro crecimiento, aliviando los gravámenes sobre ahorro, inversión y emprendimiento»