En una columna de opinión publicada en el Diario El Sur, Jorge Ogalde, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, abordó los efectos prácticos y jurídicos que ha generado la implementación gradual de la Ley N° 21.561, conocida como Ley de 40 Horas, a propósito de un nuevo aniversario de su entrada en vigencia.
En su análisis, el académico plantea que, si bien la reducción de la jornada laboral responde a una demanda ampliamente valorada por la ciudadanía, su diseño normativo ha presentado dificultades relevantes desde el punto de vista técnico y regulatorio. Según explica, uno de los principales problemas ha sido la falta de claridad respecto de cómo materializar la disminución horaria en la práctica, especialmente en aquellos casos donde no existe acuerdo entre empleadores y trabajadores.
El profesor Ogalde recuerda que la normativa contempló una implementación gradual, con hitos en 2024, 2026 y 2028, siendo esta semana el momento en que correspondía avanzar de 44 a 42 horas de jornada ordinaria máxima semanal. Sin embargo, sostiene que ya en la primera etapa surgieron interpretaciones divergentes sobre la forma de distribuir la rebaja horaria dentro de la semana laboral, situación que derivó en dictámenes administrativos y posteriores ajustes legales.
En su columna, el vicedecano destaca que estas indefiniciones obligaron a la autoridad administrativa a intervenir para precisar aspectos no resueltos por el legislador. “Por deficiencias técnicas de la ley, el diseño de la gradualidad quedó en manos de la Dirección del Trabajo, que actuando al límite de sus facultades tuvo que avocarse a la tarea de hacer practicable lo que el legislador no precisó”, señala.
Además, advierte que este escenario ha significado para las empresas la necesidad de rediseñar turnos, sistemas de control de asistencia, metas comerciales y estructuras organizacionales en más de una oportunidad, generando costos no previstos y un escenario de incertidumbre jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.
