El académico explicó que los cargos imputados se encuentran entre los más graves contemplados por la legislación chilena, por cuanto afectan directamente el bien jurídico de la vida y se enmarcan en un contexto de violencia intrafamiliar. Precisó que el imputado enfrenta tres figuras penales diferenciadas: dos parricidios frustrados respecto de sus hijos en común, un femicidio frustrado en contra de su expareja, y un homicidio simple frustrado vinculado a una tercera víctima que no calificaba bajo la figura de parricidio. Cada uno de estos delitos, considerado de manera independiente, contempla penas de alta severidad, pudiendo alcanzar el presidio perpetuo.*
Muñoz también se refirió a los factores que podrían agravar las sanciones. A su juicio, la eventual planificación previa del ataque —que habría implicado el traslado del imputado desde otra ciudad hasta el lugar de los hechos— constituye un antecedente relevante para el tribunal. «La vinculación y el parentesco que tiene con sus hijos obviamente eso agrava la pena», sostuvo el docente, quien añadió que, de acreditarse los hechos durante el juicio oral, es probable que se apliquen las penas más altas previstas por la ley, en línea con la tendencia observada en fallos recientes sobre delitos de similar naturaleza.
El juicio se desarrolla con la participación del SernamEG como querellante, institución que ha acompañado a la víctima y su familia desde la activación del caso en la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, y que solicita una pena de presidio mayor en su grado medio, equivalente a quince años de cárcel.
La nota completa puede revisarse en el Diario La Tribuna, edición del miércoles 7 de mayo de 2026.
