En su análisis, la académica aborda dos iniciativas que han concentrado la discusión sobre las mayorías necesarias para su despacho. La primera buscaba elevar el quórum requerido para revertir la declaración de inadmisibilidad que realiza el Presidente de la Cámara de origen respecto de mociones que pudieran infringir la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley —fenómeno conocido como «parlamentarismo de facto»—. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esta semana la idea de legislar al respecto, por lo que la iniciativa será archivada. La segunda moción, orientada a introducir el delito de ingreso clandestino en la Ley de Extranjería y Migración, generó controversia en el Senado en torno a si algunas de sus disposiciones revestían carácter de ley orgánica constitucional, a partir del informe evacuado por la Corte Suprema. La Sala del Senado zanjó el debate optando por tramitarla como ley simple, evitando así una mayor rigidez normativa en materia de migración irregular.
A partir de estos casos, Peña plantea una pregunta de fondo: ¿qué significa aprobar normas con uno u otro quórum? La profesora explica que, si bien la ley simple —aprobada por mayoría de los miembros presentes— constituye la regla general, la Constitución ha reservado materias de especial relevancia a quórums más elevados, precisamente para sustraerlas de mayorías parlamentarias ocasionales. Se trata, subraya, de materias excepcionales que deben interpretarse de forma restrictiva.
La académica añade una dimensión política al análisis: los quórums reforzados expresan la exigencia de un consenso más amplio sobre el contenido de ciertas normas, lo que implica también una disposición a que estas no sean modificadas con facilidad en el futuro, garantizando así su estabilidad.
«Detrás de los quórums de aprobación de un proyecto de ley no hay un tema puramente matemático», sostiene Marisol Peña, quien concluye que esta discusión tiene profundas implicancias tanto para la defensa de la supremacía constitucional como para la articulación de consensos parlamentarios robustos y sustentables en el tiempo.
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