La directora del Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, analizó en una reciente columna publicada en La Tercera la promulgación de la Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, destacando su relevancia para fortalecer la protección estatal hacia quienes han sufrido delitos.
En su análisis, la profesora Peña subraya que la nueva institucionalidad surge tras ser declarada conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional y se enmarca en una creciente percepción social: las víctimas no han contado, hasta hoy, con un apoyo eficaz del Estado en materia de contención y persecución criminal. Según plantea, esta carencia debía haber sido asumida originalmente por el Ministerio Público, pero su insuficiencia refleja una necesidad estructural pendiente.
El proyecto de ley busca corregir la desigualdad existente entre imputados y víctimas en el acceso a la defensa jurídica. Aunque la propuesta de nueva Constitución sometida a plebiscito en diciembre de 2023 fue rechazada, recuerda Peña, aquella ya incluía un capítulo destinado a la creación de este servicio, lo que confirma que la preocupación por fortalecer la protección de las víctimas “ha formado parte del debate sobre un renovado pacto fundamental para Chile”.
Marisol explica que el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas tiene por objeto garantizar el acceso real y efectivo a la justicia, asegurando orientación legal, asesoría y representación judicial. A ello se suma una dimensión clave: el apoyo social y psicológico a las víctimas, considerado tanto o más importante que el acompañamiento jurídico.
Para expresidenta del Tribunal Constitucional, la entrada en vigencia de este nuevo organismo responde a un mandato constitucional pendiente desde 2011 y viene a hacerse cargo de una falla institucional que persistía pese a los esfuerzos de las corporaciones de asistencia judicial y de las clínicas jurídicas universitarias. “La promulgación de este proyecto de ley viene a cubrir una carencia evidente de nuestro sistema y fortalecer el acceso a una justicia pronta y efectiva para las víctimas”, enfatiza la directora del CJC.
Encuentra la columna completa en La Tercera.
