Invitada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la profesora Catalina Salem, académica investigadora del Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la Facultad de Derecho UDD, participó este lunes 9 de junio en la sesión destinada a analizar el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida (Boletín N° 17.484-07).
En su intervención, la profesora Salem centró su análisis en las disposiciones del proyecto que sancionan a terceros ajenos al proceso penal por difundir información de investigaciones sujetas a secreto, planteando una crítica jurídica fundamentada en la libertad de informar y el derecho a ser informado.
“La tensión entre el derecho a la intimidad de los intervinientes en un proceso penal y la libertad de informar es evidente. Por eso, mi análisis se concentró en los efectos que tendría esta normativa sobre medios de comunicación y periodistas que divulguen hechos contenidos en carpetas investigativas”, explicó la profesora.
La investigadora del CJC sostuvo que las nuevas disposiciones legales, de ser aprobadas, solo podrían aplicarse a los medios cuando los hechos divulgados no sean de interés público. En este sentido, argumentó que sancionar penalmente la difusión de hechos relevantes para la ciudadanía podría transformarse en una forma de censura previa indirecta, afectando el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.
La académica subrayó que el sistema jurídico vigente ya establece responsabilidades ulteriores para el ejercicio abusivo de la libertad de informar, reguladas en la ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo. A su juicio, esta legislación especial debería prevalecer frente a las modificaciones propuestas en el Código Procesal Penal y el Código Penal.
“La libertad de opinar y de informar incluye el derecho a ser informado sobre hechos de interés general. Sancionar a quienes difunden información relevante para el control del poder y la formación de la opinión pública atenta contra el funcionamiento mismo de nuestra democracia”, enfatizó.
En su conclusión, la profesora Salem abogó por circunscribir las sanciones a quienes participan directamente en el proceso penal, como funcionarios públicos o intervinientes, y no a terceros como periodistas o ciudadanos. “Extender estas sanciones sería un sacrificio intolerable para la libertad de informar y ser informado, uno de los pilares esenciales en una democracia constitucional”, señaló.
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