El pasado 29 de abril, el profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, analizó en Radio Metropolitan FM las implicancias legales de la interceptación telefónica al exasesor presidencial Miguel Crispi, en el marco del caso ProCultura.
La conversación en cuestión se produjo el 7 de abril entre Crispi y su madre, la exembajadora Claudia Serrano, donde discutieron gestiones relacionadas con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Lo que ambos desconocían era que el teléfono de Crispi estaba siendo interceptado por orden judicial, como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Durante el diálogo, Crispi cuestionó la intervención de su madre para acelerar el proceso, lo que motivó la apertura de una nueva indagatoria por posible tráfico de influencias.
Consultado al respecto, el profesor Diego Muñoz señaló: “Tenemos un problema que se ha complejizado. Las querellas permiten iniciar una investigación penal, pero en este caso, lo que ocurre es que, en el marco de una interceptación autorizada, se produce un hallazgo casual que sugiere que otras personas podrían estar involucradas. Por lo tanto, se están llevando a cabo diligencias para verificar si efectivamente se ha cometido algún tipo de delito”.
