En una columna publicada el jueves 13 de febrero en La Tercera, Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, analizó críticamente la decisión adoptada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC), que resolvió no admitir a trámite el requerimiento de inhabilidad contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, por haber celebrado un contrato con el Estado, lo que está prohibido por la Constitución.
La profesora Peña recuerda que, en enero, el pleno del mismo tribunal sí admitió a trámite un requerimiento contra la senadora Isabel Allende por una situación análoga, relacionada con el mismo contrato de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, lo que refuerza las dudas sobre la coherencia del proceder del tribunal.
La resolución del pasado 10 de febrero, sostiene Peña, adolece de “varias anomalías”, entre ellas, que una sala de cinco ministros resolviera un asunto que debía haber sido conocido por el pleno del tribunal, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del TC. Además, plantea que la decisión exigió requisitos excesivos al requerimiento, más allá de los contemplados por la normativa vigente, desestimando su claridad y coherencia en forma preliminar, sin entrar al fondo del asunto.
“En una democracia constitucional, la acción pública es una poderosa herramienta para colaborar con el respeto de la Constitución”, afirmó la académica UDD, subrayando que esta decisión del tribunal “sí hizo verano”, al poner en entredicho el principio de que los ciudadanos también son defensores de la supremacía constitucional.
Te invitamos a leer la columna completa en La Tercera: Una golondrina sí hace verano.
