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Mientras el manejo de la formalización de Daniel Jadue y la investigación por los megaincendios han generado comentarios positivos, la liberación de imputados del Tren de Aragua y una cierta pasividad en el caso Hermosilla provocan el sentir contrario. A más de 20 años de la reforma procesal penal, estas son las luces y sombras del Ministerio Público, en tiempos en que todos los ojos están sobre este. Matías Bakit
La semana antepasada, los tribunales fueron testigos de un hecho poco visto. Decenas de personas acompañaban al alcalde Daniel Jadue (PC) mientras caminaba hacia su formalización, gritando consignas en su apoyo.
Mientras, desde el Partido Comunista afirmaban: “Dependiendo del desenlace (de la formalización), puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”, decía el presidente de la tienda, Lautaro Carmona (ver D 6 y D 7).
Se instaló entonces una duda entre los expertos. ¿Resistiría el trabajo del Ministerio Público —que varios estiman permeable a consideraciones políticas— estos empujones?
La petición de prisión preventiva, que fue concedida después, dejaría luego en buen pie a la fiscalía como un ejemplo de que hoy, no importa de quién se trate, en Chile hay “persecución penal”.
Sin embargo, no es la primera vez que el ente persecutor está bajo la mirada de la política y de la opinión pública. A veces ha sido valorado, como en el citado caso de Jadue o los megaincendios en Valparaíso. Pero en otras, el gusto que ha dejado ha sido más bien amargo. Como en la polémica que reventó esta semana luego que imputados del Tren de Aragua quedaran libres por una mala preparación del caso. O en la absolución del ex comandante en jefe del Ejército Juan Manuel Fuente-Alba.
Es un panorama de altibajos que, a más de 20 años de la reforma procesal penal, preocupa tanto a los expertos como a la ciudadanía (ver infografía en página D 5).
Nuevos crímenes
Durante el primer trimestre de este año, más del 50% de las causas penales fueron archivadas sin imputados.
Es un dato que preocupa a algunos expertos considerando el aumento que han experimentado ciertos crímenes en comparación con el mismo período del año pasado. Por ejemplo, este 2024 se han ingresado 941 denuncias por homicidio, de las cuales el 42% corresponde a imputados desconocidos. Mientras, en 2023, en los primeros tres meses del año había 782 denuncias.
Según la opinión del exfiscal y exjefe de la unidad especializada contra el tráfico ilícito de drogas, Luis Toledo, “esto muestra que pareciera que la criminalidad ha cambiado, y que el fiscal Valencia enfrenta una realidad delictual más violenta. Pero, en segundo lugar, muestra que los resultados, en lo genérico, podrían ser mejores”.
Para Ximena Marcazzolo, subdirectora del doctorado de Derecho de la Universidad del Desarrollo y ex fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, “hoy vemos organizaciones que abarcan mayores zonas geográficas, a veces con relaciones internacionales, con gran poder de fuego. Esto naturalmente implica un desafío para las autoridades, porque deben destinar con eficiencia los recursos”.
Y estos no abundan. Es un reclamo recurrente el hecho de que, pese al cambio en la criminalidad, el Ministerio Público sigue teniendo los mismos persecutores.
Es un problema del que el fiscal nacional, Ángel Valencia, está consciente. “Es fundamental que el Congreso apruebe con celeridad el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, un proyecto de ley que contempla la incorporación de 205 fiscales adicionales, aumentando el total de 771 a 976, y un crecimiento del 17% en el personal técnico, administrativo y auxiliar. Con esto, se mejorará la respuesta inicial en casos delictuales, optimizará la coordinación con las policías y permitirá realizar investigaciones de delitos de alta complejidad”, dice a “El Mercurio”.
Pero la delincuencia no es lo único que complica al Ministerio Público.
Politización: Autonomía en juicio
Cuando Valencia asumió, el 12 de enero del año pasado, había una duda que perseguía a gran parte de la derecha. Preocupaba que su conocida cercanía y amistad con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde —son compadres—, afectara su objetividad.
Y si bien los adherentes a su gestión dicen que esos temores “ya quedaron atrás”, otros siguen pensando que el Ministerio Público está “politizado”. Por ejemplo, genera suspicacia la inusual coordinación entre el ente persecutor y el Gobierno, especialmente con la ministra Carolina Tohá.
Fuentes cuentan que ya son varias veces en las que ambos han salido a hablar, por separado, de un tema, coincidiendo por completo en el contenido. Por ejemplo, el 21 de marzo, los dos pusieron “paños fríos” a las declaraciones de la vocera Camila Vallejo sobre una “red de corrupción de cuello y corbata”. Luego, el 29 de abril, ambos entregaron declaraciones en las que, por primera vez, hablaban de las pistas en el caso de los tres carabineros asesinados en Cañete.
Si bien para algunos esta coordinación es “natural”, otros creen que puede afectar la autonomía del organismo.
Una de las más críticas en este sentido es la abogada Nubia Vivanco, conocida por defender a Carabineros en varios de los casos relacionados con el estallido. En concreto, acusa que hay fiscales sesgados.
“Hay fiscales que falsean antecedentes, obstruyen investigaciones, omiten denuncias, alejados de todo principio de objetividad en su actuar investigativo, inclusive elevado al estándar de imparcialidad, sin sanción alguna. (…) Hay influencia de poderes políticos”, asevera, apuntando a Xavier Armendáriz y Ximena Chong.
“Armendáriz señaló una vez que Carabineros actuaba corporativamente encubriendo a sus delincuentes”, agrega.
Concuerda el abogado de la plaza y magíster de la UC Jorge Reyes, quien expresa que en el caso del excarabinero Sebastián Zamora, formalizado por la caída de un joven en el Puente Pío Nono durante el estallido, “la intencionalidad que pretende probar la fiscal Chong es un empecinamiento que no dice relación con un intento profesional de persecución criminal. Se dejó llevar por sus pasiones políticas”.
Ante estas críticas, Valencia responde que “es natural que, en un contexto de alta visibilidad y responsabilidad, como el que tiene la fiscalía, surjan opiniones y críticas diversas. Sin embargo, nuestro compromiso está basado en principios éticos y legales, asegurando que nuestras decisiones se tomen siempre en beneficio de una mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas, sin sesgos políticos”.
Para Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial, el problema está precisamente en la política: “Pareciera que como sociedad hemos condicionado la vigencia del Estado de Derecho al éxito o fracaso de los fiscales. Esta preponderancia amenaza con horadar la propia legitimidad del Ministerio Público. Es lo que hemos visto en los casos relacionados con Jadue, Fuente-Alba o el caso Pío Nono, donde prácticamente todo el espectro político ha acusado a la fiscalía de estar politizada”.
Mayor presencia
¿Cuál es el mayor logro de la gestión del fiscal Valencia? Ante la pregunta, la mayor parte de los expertos consultados coincide en que ha conseguido cambiar la imagen de una fiscalía “poco protagonista”.
“Abbott estaba siempre a la defensiva y Valencia no viene con esa mochila. Se ha posicionado como encargado principal de la persecución criminal y sus mensajes han sido bastante certeros. Por ejemplo, explicó bien el ‘criterio Valencia’ (estrategia de prisión preventiva por indocumentación de inmigrantes). Ha mostrado que hay una forma de criminalidad más organizada, que requiere ser tratada de una manera distinta”, sostiene el exfiscal Carlos Gajardo.
Concuerda el exministro Jorge Burgos, quien cree que Valencia “ha puesto mayor proactividad. Lo veo la mayor de las veces comunicando con oportunidad y certeza”.
Mientras, para Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, no ha sido solo algo comunicacional: “Ha hecho cambios relevantes, particularmente en la estructura de la Fiscalía Nacional y en la conformación de los equipos ECOH que han permitido reducir de manera importante los tiempos de llegada de los fiscales a los sitios del suceso”.
En esto, los expertos destacan el rol del Ministerio Público en la detención y condena al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y la capacidad de procesar a los integrantes del grupo de crimen organizado “Los Gallegos”. Asimismo, se resalta el mayor y mejor uso de las tecnologías, algo que se notó en la investigación por los megaincendios de Valparaíso.
“Se ha priorizado la investigación de homicidios en contexto de criminalidad compleja y crimen organizado, mejorando la eficacia en la persecución penal. Estamos llevando adelante una transformación digital acorde a los tiempos, con la implementación de la Bitácora Web Nacional y Fiscal Heredia (plataforma que usa IA), la que ha mejorado la gestión de casos y la eficiencia en la investigación”, enumera Valencia.
Así se han marcado diferencias con las gestiones anteriores: de Sabas Chahuán, que incluso tomó causas importantes bajo su alero, por lo que se criticó su protagonismo; y de Jorge Abbott, de quien, dicen, “tendía a arreglar todo con más criterio político que judicial”.
El poder de un fiscal
“Si un fiscal no defiende la prisión preventiva como debe, no conoce la causa y, además, no apela verbalmente teniendo esa herramienta jurídica, la libertad de imputados no es culpa del juez, es del fiscal”.
La frase es de la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz —que estuvo entre las postulantes iniciales a la Fiscalía Nacional— sobre la polémica por la liberación de integrantes del Tren de Aragua.
No es el único caso reciente donde las miradas se han volcado hacia los representantes del Ministerio Público. Otro fue el de la absolución del ex comandante en jefe del Ejército Juan Manuel Fuente-Alba donde, según expertos, no hubo una buena concordancia de los testimonios en relación con la acusación, ni un buen uso de los peritos expertos. Además, el fiscal José Morales había optado por una estrategia arriesgada al tratar de probar el delito de lavado de activos.
Otro ejemplo se da, por ejemplo, en el caso Hermosilla, donde se critica cierta “pasividad” a la hora de enfrentar los dilemas que esa causa presenta en materia de transparencia. En ese sentido, el abogado Juan Ignacio Piña ha pedido que se enfatice más la gravedad de las acusaciones.
Son problemas que se dan, para los consultados, por la falta de un estándar de exigencia común en la fiscalía.
“El sistema ha demostrado no tener suficientes controles y, por ende, el monopolio de ejercicio del poder punitivo queda entregado a excesivo arbitrio de cada fiscal. Es necesario repensar mecanismos que generen, por lo mismo, debido control procesal y accountability. Es evidente que nadie fiscaliza a los fiscales”, explica el penalista Gabriel Zaliasnik.
Esto se notaría también en el excesivo uso de las formalizaciones. “Hoy por hoy, una formalización es equivalente a un juicio público. Hay en algunos fiscales demasiado entusiasmo por probar la culpabilidad de las personas y a veces dejan de lado la objetividad”, dice un experto en derecho penal.
En esta misma línea, agrega, se producen muchos procesos “eternos”, en los que los jueces pasan años revisando papeles, mientras los formalizados esperan. Es, por ejemplo, lo que ha pasado en Cascadas (8 años) y SQM y Platas Políticas (10 años).
El fiscal nacional Ángel Valencia lleva cerca de un año y medio en el cargo.
Felipe Báez
