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El presente trabajo trata de las reformas que el autor estima más urgentes para un mejoramiento significativo de la institucionalidad judicial. Se resumen las razones para sostener la conveniencia de eliminar a los «»abogados integrantes»», tema largamente discutido en los últimos años; excluir de la competencia de los tribunales civiles los «»juicios ejecutivos»», por tratarse de una materia más administrativa que jurisdiccional, y confiarlos a «»fiscalías de cobranza»» financiadas por quienes requieren sus servicios; entregar a la supervisión de la Corte Suprema la calificación e idoneidad de los abogados dedicados a actividades forenses, habida consideración de que ellos intervienen en el ejercicio de una potestad pública; revisar los mecanismos de designación y promoción en la carrera judicial para asegurar la independencia de quienes administran justicia; establecer un «»pre-juicio de admisibilidad»» cuando una demanda se considere aventurada o la acción deducida carezca de plausibilidad, a objeto de evitar los daños que resultan para el Tribunal y la parte demandada; dotar a la Corte Suprema de la «»facultad de avocarse»» aquellas materias que estime de mayor relevancia jurídica, con el fin de permitirle crear
una jurisprudencia que sirva de modelo interpretativo que gravite en todo el sistema judicial; eliminar los llamados «»árbitros arbitradores»», cuyas facultades atentan contra las bases del «»Estado de Derecho»», al permitírseles resolver al margen y aun contra lo que dispone la ley; precisar la competencia de la Corte Suprema en el futuro, como tribunal de casación, custodio de los «»derechos fundamentales»» y, excepcionalmente, llamada a corregir abusos, faltas y errores evidentes; introducir en los tribunales ordinarios una administración técnica independiente de las funciones jurisdiccionales de la magistratura, con miras a no colmar de actividades extrajurisdiccionales a los jueces, en desmedro de
lo que les es propio; y regular los alegatos en los tribunales colegiados para una mejor programación de las funciones que corresponden a abogados y jueces. Se resumen las razones para justificar cada una de estas reformas y los problemas que ellas suscitan en el ámbito jurídico nacional.