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El artículo sitúa al Proyecto de Código Procesal Civil en el contexto de las reformas procesales especiales que le han precedido, abordando aquellos aspectos que dan cuenta de la necesidad sistémica de un nuevo estatuto procesal civil. Se abordan asimismo los aspectos más relevantes del Proyecto, que inciden en el nuevo estatuto de los sujetos procesales -juez y partes- así como la opción por atribuir una identidad competencial a nuestra Corte Suprema. Esto último viene impuesto por la sustitución del recurso de casación en el fondo por un recurso extraordinario, cuya función primordial sería la creación y uniformidad de la doctrina jurisprudencial con una mirada prospectiva, así como el mantenimiento en manos del tribunal supremo de sus facultades conservadoras, protectoras de los derechos fundamentales y último eslabón del control de convencionalidad, que proteja eficazmente al Estado ante su eventual juzgamiento por tribunales supranacionales . Finalmente se trata la introducción de un nuevo sistema de ejecución con base en un simplificado y coherente tratamiento de los títulos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y la introducción en nuestro medio del Oficial de Ejecución, como figura central de esta etapa procesal, institución basada en el derecho francés y de amplia aceptación en Europa, la que tiene por virtud descentralizar las actuales labores de carácter administrativo encomendadas a nuestros jueces, desahogando el sistema de cobranza y tutelando en mejor forma el derecho al crédito.