El panorama actual de nuestro país, como consecuencia del cambio climático, da cuenta de una crisis hídrica estructural derivada de más de quince años de prolongada y severa sequía. Este fenómeno ha llevado a que, a la fecha, ya se hayan declarado 111 áreas de restricción y 146 zonas de prohibición, con el fin de proteger los acuíferos, reflejando la magnitud de la escasez a nivel nacional. En este contexto, la ciudad de Antofagasta se ha convertido en un caso emblemático: es la primera urbe de Chile y de Latinoamérica, con más de 500.000 habitantes, que se abastece en un 100 % de agua desalinizada, demostrando la urgencia de adoptar soluciones estructurales y sostenibles frente al déficit hídrico que enfrenta el país.
Esta situación ha puesto en evidencia que el agua, en su calidad de bien nacional de uso público, constituye un elemento esencial para la vida, el desarrollo económico y la preservación de los ecosistemas, cuya gestión y regulación deben ser asumidas como una prioridad de Estado. De este modo, la institucionalidad hídrica se sitúa en el centro de uno de los mayores desafíos contemporáneos para Chile: asegurar la disponibilidad, sustentabilidad y equidad en el acceso al recurso en un contexto de cambio climático y creciente presión sobre las fuentes hídricas.
Han transcurrido doce años desde que el Banco Mundial, en su “Estudio para el Mejoramiento del Marco Institucional para la Gestión del Agua en Chile” (2013), identificara la existencia de más de cuarenta organismos públicos con competencias vinculadas al agua y más de cien funciones dispersas entre ellos. Esa fragmentación institucional ha generado vacíos, superposición de atribuciones y una ausencia de coordinación efectiva que ha impedido avanzar hacia una gestión verdaderamente integrada de los recursos hídricos. Dentro de esta red dispersa de competencias, la Dirección General de Aguas fue señalada como el organismo rector del sistema, aunque sin la autonomía, jerarquía, ni los recursos necesarios para ejercer un liderazgo real y efectivo en la administración, fiscalización y planificación de los recursos hídricos.
En este contexto, el Banco Mundial planteó tres alternativas institucionales para fortalecer la gobernanza del agua en Chile: (i) el fortalecimiento de la Dirección General de Aguas (DGA); (ii) la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos, evaluando cinco posibles escenarios respecto del ministerio al que podría adscribirse; y (iii) la instalación de una Agencia Nacional del Agua (ANA) como órgano autónomo de mayor jerarquía.
A mi juicio —y en consonancia con las conclusiones del mencionado estudio— el primer paso hacia una estructura de gobernanza hídrica moderna y coherente debe orientarse a la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de un reformado Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Esta medida permitiría iniciar una transición desde una gestión fragmentada y reactiva frente a los efectos del cambio climático, hacia un modelo preventivo, coordinado y de planificación estratégica, capaz de dotar al Estado de una autoridad hídrica con verdadera capacidad de dirección y ejecución.
En este sentido, considero que el camino correcto no pasa por reemplazar a la Dirección General de Aguas ni por reubicarla en otro ministerio —como en ocasiones se ha sugerido—, sino por fortalecerla institucionalmente, elevando su rango dentro de la Administración Pública y dotándola de los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir eficazmente las funciones y atribuciones que le confiere la ley.
El proceso de fortalecimiento institucional de la DGA debe orientarse a la modernización de sus herramientas de gestión y fiscalización, al incremento de su dotación profesional y al reforzamiento de su División Legal, sus Departamentos Técnicos y sus Direcciones Regionales, con el objeto de que la institución alcance un funcionamiento óptimo, continuo y eficaz en el cumplimiento de su mandato frente a las exigencias del cambio climático y la creciente demanda de agua de los distintos sectores productivos y sociales del país.
En definitiva, la seguridad hídrica no se alcanzará únicamente mediante nuevas leyes o reformas normativas, sino a través de una institucionalidad sólida y operativa que garantice su correcta implementación. La Dirección General de Aguas, con más de cincuenta años de trayectoria, debe ser reconocida como el pilar técnico y estratégico del sistema hídrico nacional.
Avanzar hacia el fortalecimiento de la DGA y la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos constituye, en consecuencia, una etapa complementaria y necesaria para consolidar una institucionalidad moderna y eficiente en la gestión del agua en Chile. Ambas medidas, junto con la Ley N° 21.435, representan el tránsito hacia un modelo coherente con los estándares internacionales de gobernanza hídrica, en el que el agua se concibe como un bien público estratégico y un derecho humano esencial.
En esta línea, resulta esperable que en un futuro próximo el agua alcance rango ministerial, consolidando así una autoridad con la jerarquía política y técnica necesaria para liderar la gestión del recurso. Avanzar hacia un Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos no solo permitiría articular infraestructura, gestión y sustentabilidad bajo una misma visión de Estado, sino que representaría un salto cualitativo en la consolidación de una política hídrica de largo plazo, donde la seguridad hídrica, la equidad en el acceso y la preservación ecosistémica se entiendan como ejes estructurales del desarrollo nacional.
Vicente Masihy Del Otero.
