La directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, Marisol Peña, publicó este 4 de septiembre una columna de opinión en El Mercurio Legal titulada “Proyecto de convivencia escolar: una nueva manifestación de despotismo estatal”, coescrita junto a Cristóbal Aguilera, profesor de la Universidad Finis Terrae. En el texto, los autores analizan el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, iniciativa actualmente en su segundo trámite constitucional, cuyo propósito declarado es prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y la violencia en los establecimientos educacionales.
Sin embargo, advierten que este tipo de medidas, aunque bien intencionadas, pueden implicar una seria amenaza a la autonomía de las comunidades educativas y a la libertad de enseñanza reconocida constitucionalmente. “Desde el punto de vista constitucional, el mayor inconveniente es la amenaza a la iniciativa, la responsabilidad y la libertad social que el proyecto representa”, señala la académica, subrayando que lo que está en juego trasciende un debate técnico sobre políticas públicas, pues “toca el núcleo mismo de la autonomía de las comunidades educativas”.
La columna examina además tres aspectos concretos del proyecto: la imposición de un modelo organizativo uniforme para todos los colegios, la introducción de conceptos jurídicos indeterminados que amplían la intervención de la Superintendencia de Educación, y la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa que —según los autores— refuerza la centralización estatal en detrimento de la iniciativa social.
Finalmente, Peña y Aguilera advierten sobre los riesgos de una “publificación” de la educación, donde el Estado sustituye progresivamente a los cuerpos intermedios en la conducción de los procesos educativos, evocando la noción de “despotismo administrativo” descrita por Tocqueville.
Lee la columna completa en El Mercurio Legal.
