El profesor Nicolás Enteiche, investigador del Centro de Justicia Constitucional (CJC) de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, fue consultado por Diario Financiero, en el marco de la discusión pública que generó el más reciente informe de la Contraloría General de la República, que identificó observaciones por más de $1.500 mil millones en distintas entidades estatales.
El documento, que incluye observaciones financieras en organismos como el Gobierno central, municipalidades y universidades estatales, reabrió el debate sobre la eficiencia del gasto público, el control del uso de los recursos fiscales y, para algunos sectores, la posibilidad de una rebaja de impuestos como consecuencia de una mejor gestión del gasto. Sin embargo, expertos han advertido que no todo el monto observado es directamente recortable ni representa necesariamente malversación de fondos.
En ese contexto, Nicolás Enteiche valoró el rol fiscalizador de la Contraloría y destacó la importancia de revisar las normas que actualmente limitan su capacidad de acción. Afirmó que una medida que se ha discutido desde hace tiempo y que es necesario analizar corresponde al potenciamiento de las facultades de fiscalización y control jurídico de la Contraloría. Desde su perspectiva, existen espacios en que el control preventivo de los actos administrativos —la llamada toma de razón— no opera, debido a que la ley ha eximido a ciertos organismos de esta revisión, como en el caso de las municipalidades según el artículo 53 de la Ley N° 18.695, lo cual, en su opinión, debiese ser reconsiderado.
El académico también planteó que como consecuencia del fortalecimiento de las atribuciones del órgano contralor, debiese evaluarse un aumento en su dotación, con el fin de asegurar un control más robusto y efectivo en todo el aparato estatal.
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