Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional UDD, publicó una nueva columna de opinión donde aborda la ola de noticias respecto la filtración de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la solicitud de cesación en el cargo de la exsenadora Isabel Allende, donde afirma que la situación “deja un amargo sabor que compromete la fe pública”.
Marisol menciona que, en primer lugar, al elegir a las autoridades a través del sufragio popular, se efectúa un depósito de confianza, el cual se basa en el sistema de democracia representativa. Por lo tanto, destaca la importancia de ser un buen ejemplo de respeto a la integridad del ordenamiento jurídico.
Por otro lado, resalta que a través de estos sucesos, refleja que la Constitución “nació y sigue siendo el principal instrumento con que cuenta el derecho para limitar el ejercicio abusivo del poder”. Sin embargo, cuando los parlamentarios realizan acciones como “la venta de una propiedad por el doble de su avalúo fiscal”, están abusando de sus privilegios y eso daña la confianza que la sociedad tiene en ellos.
En segundo lugar, la directora del CJC menciona la importancia de que al elegir a una autoridad, se le otorga la confianza, y eso significa que debe rendir cuentas y explicar bien sus decisiones. Debido a esto, afirma que es una falta grave a la confianza pública que una parlamentaria con 30 años de experiencia diga que no conoce las reglas de su trabajo y le eche la culpa a sus asesores o funcionarios.
Por último, indica que cuando el Estado realiza compras con dinero público, tiene que ser de forma responsable, ya que los recursos públicos son contribuidos y producidos por todos los chilenos. Así menciona que las decisiones tienen que seguir las reglas que establece la ley, y que por eso es grave que una asesora jurídica diga que basta con revisar si algo es legal, cuando en realidad también tiene que asegurarse de que las decisiones sean coherentes con la Constitución.
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