Este jueves 27 de febrero de 2025, Isabel Warnier, abogada, docente y profesora colaboradora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, publicó una columna de opinión en El Mostrador en la que reflexiona sobre el caso de la megatoma de San Antonio, sus consecuencias legales y sociales, y la respuesta —o falta de ella— por parte del Estado y el sistema judicial.
En su análisis, la profesora Warnier entrega el contexto del caso: tras el estallido social de octubre de 2019, cerca de 11 mil personas se instalaron en un predio de 255 hectáreas perteneciente a una inmobiliaria, ocupación que dio origen a una extensa disputa legal. La Corte Suprema, en marzo de 2024, acogió un recurso de protección y ordenó el desalojo del terreno, lo que aún no se ha concretado debido a un acuerdo que lo pospuso por seis meses más.
Warnier advierte que este caso demuestra el mal funcionamiento de las instituciones y la ineficacia de los mecanismos actuales para proteger el derecho de propiedad: «Este es, pues, un caso en el que las instituciones no funcionan. El Estado no ha sido capaz de hacerse cargo del problema de las tomas ilegales, y tal como lo reconoce el máximo tribunal, no existen vías eficaces para lograr la real protección del derecho de propiedad.»
La abogada valora, no obstante, que la Corte Suprema haya considerado las consecuencias sociales de un eventual desalojo, instruyendo al municipio y a los ministerios involucrados a implementar medidas transitorias para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad.
Te invitamos a leer la columna completa en El Mostrador.
