Cuando pensamos en la Evaluación ambiental y la agricultura, lo primero que se nos viene a la mente es el recurso suelo, agua, monocultivos, erosión, impactos de fertilizantes, parcelaciones, entre otras afectaciones y posibles impactos. Pero ¿Es esto a lo único que se puede enfocar en todo un proceso de evaluación ambiental de proyectos el “Mundo de Agro”? 

¿Qué pasa con los agricultores?, ¿Los ganaderos? ¿Qué ocurre con la agricultura familiar campesina?, ¿Con los cultivos para venta y autoconsumo? ¿Quién aboga por ellos en el proceso de evaluación? 

Estas interrogantes me surgen como profesional del área ambiental, queriendo aportar en el mundo del agro y buscando una forma de resolver lo anterior, surge otra pregunta… ¿existe un organismo en el Estado que tenga competencias ambientales y que observe el proceso de EA en la perspectiva antes señalada? De esta forma, dentro del proceso de EA, nos encontramos con el Ministerio de Agricultura, organismo que cuenta con Seremis en las 16 regiones del país, y que complementa su acción, en el proceso con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ambas instituciones con competencias claras al momento de participar en el proceso de evaluación, pero ¿Cómo se pronuncia la Seremia?, ¿Tiene definidas sus competencias? ¿Qué insumos podría entregar a la evaluación?, y ahí, desde mi punto de vista, es que sostengo que existe una oportunidad de ampliar y precisar alcances y competencias, en que un organismo del Estado tome acciones frente a temas que en caso contrario quedan relegados a instancias como la participación ciudadana, que sabemos -en la formalidad- no es vinculante. 

Dicho lo anterior, es clave a mi entender, fortalecer el rol de las seremias de Agricultura, instancia desde donde podemos abordar parte de las interrogantes planteadas al principio de esta carta…  al contar en estas con profesionales que conocen el territorio y tienen información no sólo desde el punto de vista agrícola, sino que abarcando toda la diversidad del sector silvoagropecuario más allá de su perspectiva productiva, sino que también cultural. 

Según la OCDE, considerando datos del censo del 2017, el 25,5% de la población nacional vive en zonas rurales, habitando el 82,7% del territorio nacional. Por ello mi planteamiento es que las seremias debiesen contemplar en sus competencias el enfoque hacia los sistemas de vida y costumbres rurales, de agricultores/as, ganaderos, cómo estos pueden ver afectadas sus actividades económicas o de autosustento ante la presencia de un proyecto.

Considerando además aristas de patrimonio cultural y alimentario, conocimientos y prácticas tradicionales y ancestrales de las comunidades y sus territorios, reconociendo y respetando su pluralidad y diversidad. De esta forma un organismo de la administración con competencia ambiental, de manera formal y vinculante haría presente durante el proceso de evaluación ambiental puntos hasta hoy no completamente considerados y que pudiesen significar un cambio importante y mayor valoración a nuestro “Mundo del Agro”. 

Valeria Zúñiga P. 
ALUMNA 2° AÑO MDA