«Por grupos etarios, hay algunas diferencias que no las podemos llamar tendencias, porque abrumadoramente el porcentaje de desacuerdo con alguna fórmula que genere desigualdad muestra que no es atractiva para la gente».
Eugenio Guzmán, Decano Facultad Gobierno UDD
A finales de enero, la encuesta Panel Ciudadano, a cargo de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), consultó sobre la posibilidad de que existan “distintos sistemas judiciales, uno para pueblos originarios y otro para los que no lo son”.
Esto, a raíz del debate que ya se avizoraba en la Convención Constitucional.
En ese momento, un 22% de los hombres encuestados y un 20% de las mujeres se mostraban a favor, mientras que un 72% y 68%, respectivamente, en contra.
Globalmente, un 70% de los encuestados se mostraba en contra de la iniciativa.
Poco más de dos semanas después, el 16 y 17 de febrero, luego de que el órgano redactor aprobara en general el “Pluralismo Jurídico”, la UDD volvió a realizar la misma consulta a 1.626 personas, desglosándose de la siguiente manera los resultados: un 69% de los encuestados señaló estar en contra de que existan dos sistemas judiciales distintos, mientras que un 20% se mostró a favor.
Analizado por género, el 23% de los hombres se mostró partidario de hacer una diferenciación en la manera de aplicar justicia, mientras que por el lado de las mujeres, un 17% estuvo a favor.
Según el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, “si bien hay una disminución de un punto porcentual en ambos sexos, también hay un aumento de 2 puntos porcentuales entre los ‘no sabe», no siendo significativo en estos cambios”.
Según el académico, donde sí se aprecian “diferencias significativas” es en los diferentes rangos etarios analizados.
Por ejemplo, el 27-28 de enero, las personas entre 18 y 30 años estaban en un 29% a favor de la existencia de dos sistemas judiciales distintos, mientras que el mismo grupo, en la encuesta realizada el 16 y 17 de este mes, disminuyó en 5 puntos porcentuales su apoyo, quedando en un 24%.
En tanto, un 25% de las personas entre 31 y 40 años estaban a favor, mientras que en febrero, el mismo grupo etario se mostró en un 19% favorable.
Luego, y según explica Guzmán, se preguntó “para de ese modo conocer con mayor nitidez en un caso concreto (delitos), los grados de acuerdo respecto de la cuestión de sistemas judiciales distintos”.
“¿Usted estaría de acuerdo con que un mismo delito tenga penas distintas si el acusado es indígena?”, se consultó, dando como resultado que un 86% de los encuestados no estaría de acuerdo, “lo que —dice Guzmán— corresponde a una diferencia de 17 puntos porcentuales más de rechazo respecto a la idea de dos tipos de justicia”, que se empinaba en un 69%.
En tanto, solo un 9% se mostró de acuerdo respecto a que los delitos tengan penas distintas.
Guzmán profundiza al respecto indicando que, si bien entre los jóvenes de 18 y 30 años “es menor el rechazo (81%) versus el 88% de promedio general, dicho porcentaje es muy alto si se considera como referencia el porcentaje de dichos jóvenes que en la pregunta relativa a los dos sistemas de justicia señalaban no estar de acuerdo”, concluyendo que “la idea de penas por determinados delitos no parece concitar apoyo, incluso en este grupo etario, lo que estaría mostrando cierto sentido de igualdad al que debe propender el derecho penal”.
Con todo, y como una forma de aproximación que combinara ambas ideas, según se explica, se hizo la siguiente pregunta: “¿Considera justo que los mismos crímenes sean juzgados por tribunales diferentes en el caso que el/la delincuente pertenezca a un pueblo originario?”.
Aquí, las respuestas fueron las siguientes: solo el 15% de los encuestados consideró que sería justo, versus un 76% que no lo considera y un 9% que declaró no saber.
16 y 17 de febrero fue el período en que se realizó la encuesta, a 1.626 personas.
