El Mercurio Legal, 20 de julio 2018
«…Es necesario que a futuro los medicamentos —al menos los esenciales— estén vinculados no solo a la noción de bien comercial privado, sino también al de bien de interés general, mediante un modelo jurídico de farmacia que lo garantice, superando la estructura del establecimiento puramente económico…»
En los últimos días se ha vuelto a debatir por la prensa el alto costo de los medicamentos en Chile. Es una máquina que no se detiene. Las estadísticas son conocidas: la tendencia sostenida al alza con una evolución incremental mayor al IPC, incluso al índice del sector salud. Se han incoado, incluso, viajes turístico-farmacéuticos por parte de muchos compatriotas que han de salir al extranjero a comprar medicamentos.
En esta línea, de acuerdo a una investigación del CEP, entre el año 2012 y 2016 el gasto promedio de “bolsillo” en salud de los chilenos ha crecido en términos reales en un 50%. De este gasto, la mayor parte corresponde a medicamentos (38%).
Asimismo, en una polémica no zanjada, la Asociación de Productores Locales de Medicamentos (Prolmed) imputó a las tres grandes cadenas de farmacias vender hasta tres veces más caros los medicamentos que adquieren. Un paracetamol en gotas, por ejemplo, cuyo precio de lista promedio en los laboratorios es de $4.050, en las grandes cadenas se vende a $11.490. Para complicar más las cosas, el estudio de Prolmed agrega otra variable comparativa: los precios en las farmacias independientes son más bajos, hasta en un 48%, que los fijados por las grandes cadenas.
Y suma y sigue. 198 medicamentos (siete principios activos) han dejado de venderse en Chile en los últimos cuatro años. La mayor parte de ellos corresponde a los “genéricos”, que son los de precios más bajos. Sería, para algunos, un efecto no previsto de la Ley de Fármacos, regalo de nuestros sabios legisladores, que habría desincentivado a los pequeños competidores a invertir en bioequivalentes.
Las soluciones que se dan por parte de las autoridades son siempre de un mismo género: la de los “incentivos”. Están convencidos de que todo depende del reflejo Pávlov: un juego mecánico de “acción” y “reacción”. Por eso, en los proyectos de ley y en las políticas públicas les cuesta utilizar mecanismos que apunten a soluciones directas. Son amigos celosos de los “desincentivos” exteriores, de las medidas indirectas. Si hay “falta de competitividad”, hay que promover, nos dicen, la competencia. Aunque la estructura del mercado (lo sabemos hace mucho tiempo) tarde siglos en conmoverse. Si hay “falta de transparencia” en los precios de la cadena productiva (¿recién nos damos cuenta?), hay que “sugerir” la conducta opuesta…
Viendo las cosas desde el ángulo de las medidas directas, pocos son los que ponen las cartas sobre la mesa. Uno de los problemas más gravitantes que afecta el mercado de medicamentos en Chile es que carecemos de un modelo jurídico de farmacia. En nuestro país, los fármacos solo se “venden”, no se “expenden”. Las cadenas de farmacias más se parecen a unidades comerciales con el formato “drugstore”.
Es necesario que a futuro los medicamentos —al menos los esenciales— estén vinculados no solo a la noción de bien comercial privado, sino también al de bien de interés general, mediante un modelo jurídico de farmacia que lo garantice, superando la estructura del establecimiento puramente económico. En la Unión Europea hay múltiples ejemplos, entre los que se destaca la exigencia de farmacia profesional y sostenible o de farmacia privada de interés público.
