La encuesta anual de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, sobre algunos aspectos de la realidad que dicen relación con materias de índole jurídica, ha resultado esta vez sorprendente. Hemos querido dividir las opiniones recogidas en dos canales diferentes: el conocimiento de la población sobre conceptos e instituciones jurídicas fundamentales; y los valores predominantes que abraza la ciudadanía.
Estimamos que del dominio de las materias enunciadas, y de la sintonía de la legislación vigente con el espíritu de la ciudadanía, depende en gran medida el pleno imperio del Estado de Derecho. De aquí la necesidad de reconocer que la juridicidad se asienta en lo que la doctrina denomina “realización espontánea del derecho”, fenómeno que se afinca precisamente en el acatamiento voluntario del mandato normativo.
En relación a lo primero (conocimiento de las normas e instituciones fundamentales), la encuesta proyecta una pobreza abismante del patrimonio cívico cultural de la ciudadanía. Se trata de cuestiones elementales, sin cuyo entendimiento es casi ridículo demandar un comportamiento ajustado a la legalidad vigente. Durante muchos años se abandonó en la enseñanza media el ramo de “Educación Cívica”, de manera que los alumnos que se incorporan a la enseñanza superior o al proceso productivo, ignoran absolutamente la organización jurídica en que se desenvuelven. La contienda política, por lo mismo, se empobreció, al extremo de desmejorarse sensiblemente la calidad de quienes eran llamados a ejercer la representación ciudadana. De aquí la apatía con que se enfrentan los procesos electorales o las modificaciones legislativas que deberían ocupar la atención pública. Dicho de manera más simple, la conducción ciudadana se practica “a ciegas”, solo impulsada por mecanismos publicitarios que exaltan la demagogia y los revanchismos, especialmente en materia económica y social.
En esta encuesta queda de manifiesto que el “Estado de Derecho”, en una sociedad con tal grado de ignorancia cívica, no pasa de ser un slogan o fetiche, cuyo raquitismo deja expuesto al país a las más descabelladas aventuras. No erramos al sostener que es este uno de los peores males que afecta a nuestro país, el cual debe encararse con premura si efectivamente, como se sostiene, queremos afianzar el sistema político democrático y vivir al amparo de la legalidad.
En relación a lo segundo (valores predominantes que abraza la ciudadanía), hay que tener presente que sobre ellos descansa la juridicidad, el cumplimiento de la ley y la estabilidad institucional. Su existencia y transferencia a las normas jurídicas, es lo que asegura el acatamiento al derecho y lo que explica que, no obstante desconocerse el mandato normativo y la estructura orgánica del Estado, se siga respetando inconscientemente lo que ordena la ley. En otras palabras, el sistema jurídico se asienta en un orden axiológico que no es más que la expresión de los sentimientos, preferencias y tendencias personales de la mayoría ciudadana. De aquí la importancia que asignamos a este materia.
Durante algún tiempo se ha hablado de la “subversión de los valores”, para significar el cambio profundo que ellos experimentan actualmente en el seno de la sociedad. La encuesta que ofrecemos acusa este fenómeno, con todo lo que ello implica. No es extraño, entonces, que los gobernados apoyen cambios legislativos, muchas veces de contornos difusos, en las más diversas materias, con el legítimo propósito de actualizar el derecho y ponerlo a tono con la realidad circundante. La presente encuesta, desde este punto de vista, constituirá un aporte al análisis del tema y permitirá medir la dirección de las preferencias ciudadanas.
Tipo de Encuesta: Estudio cuantitativo con aplicación de encuestas telefónicas, con operadoras en vivo.
Muestra: 1007 casos. Encuestas realizadas en 66 comunas a nivel nacional, representando un 80 % de la población mayor de 18 años. Distribuidos según la incidencia de cada comuna.
Método de Selección de la Muestra: La muestra es probabilística con selección aleatoria de hogares y de entrevistados. Se utilizó un cuestionario estructurado de 15 a 20 minutos de duración.
Margen de error asociado al Estudio: 3,1%.
Nivel de Confianza: 95%.
Horario Aplicación: 15:15 y 21:30 hrs.
Fecha de Aplicación: Entre el 24 y 26 de Agosto de 2015.
Cultura cívica del chileno.
1.- Con el propósito de indagar el nivel de conocimientos cívicos de nuestros compatriotas, comenzamos preguntando si el encuestado sabía de qué materias trata la Constitución. Es simplemente sorprendente que, no obstante la frecuencia con que se alude a esta normativa, el 73% confiesa desconocer su contenido, el 25% dice conocerlo y el 2% no sabe o no contesta. En otras palabras, se desconoce la piedra angular de nuestra institucionalidad. Para cualquier gobernante este antecedente debería llamar a intensa reflexión, porque un pueblo ignorante de sus instituciones fundamentales está expuesto a toda suerte de tropelías y quebrantos.
2.- Entre quienes manifiestan conocer el contenido de la Constitución, la gran mayoría alude vagamente a “derechos y obligaciones”, y solo un 11% (del 25% que afirma conocer el contenido de la Constitución), se remite al “derecho a vida”, “la igualdad ante la ley”, y “transitar en libertad”. En suma, la inmensa mayoría ciudadana, no tiene la más mínima idea de lo que representa la Carta Política, ni los derechos fundamentales, ni la estructura de los poderes del Estado.
3.- Se consultó, enseguida, si el encuestado conocía algún Código. El 84% manifestó no conocer ninguno y el 16% conocer alguno. De estos últimos (16%), el 40% mencionó el Código Civil, el 19% el Código Laboral, el 16% el Código Penal. Los demás Códigos apenas alcanzan a un 2% o 1%. Se confirma así la ignorancia sobre materias elementales que forman parte del acervo cultural mínimo de la sociedad.
4.- Se preguntó si el entrevistado sabía quién aprobaba las leyes que rigen nuestras relaciones sociales. En otros términos, de qué potestad emanaba el mandato legal. El 52% manifestó desconocerlo. Podemos concluir, entonces, que la mayoría no sabe quién tiene la facultad de dictar las leyes ni, por cierto, la función de los parlamentarios elegidos por voto popular periódicamente.
5.- Se consultó, acto seguido, sobre si sabía el encuestado qué es un Decreto con Fuerza de Ley. El 70% reconoció ignorarlo y solo el 30% saberlo. Cabe recordar que este tipo de legislación está regulada en la Constitución y que se ha hecho uso de ella con frecuencia para regular materias de alta significación.
6.- En el mismo orden de cosas, se preguntó si el encuestado conocía el principio de separación de los poderes del Estado. El 67% respondió negativamente contra el 33% que contestó afirmativamente. La respuesta sugiere una confusión peligrosa, ya que en este principio se funda el equilibrio institucional que resguarda la libertad y evita toda manifestación de despotismo.
7.- Atendido el debate público sobre la delincuencia, se preguntó sobre a quién corresponde investigar los delitos denunciados. El 64% respondió positivamente y el 36% negativamente. Tratándose de una cuestión de diaria ocurrencia, frecuentemente aludida en los medios de comunicación social, el porcentaje de respuestas positivas, resulta todavía magro.
8.- Habida consideración de que el Tribunal Constitución es objeto de frecuentes comentarios de la ciudadanía, se consultó si el encuestado conocía la función que corresponde a dicho organismo. El 68% respondió negativamente y el 32% afirmativamente. De lo anterior se sigue que la gran mayoría ignora la misión de este organismo fundamental en la institucionalidad vigente.
9.- Se consultó sobre la función que correspondía a la Contraloría General de la República. El 55% dijo desconocerlo y el 45% contestó lo contrario. Ninguno de los encuestados aludió a la legalidad de los actos de la Administración ni al control que este organismo ejerce sobre la conducta funcionaria.
10.- Preguntamos si el encuestado podía señalar qué era una “ley” y cuáles sus principales características. El 65% dijo desconocer qué era una ley. Entre quienes manifestaron conocerla (35%) se consultó sobre su principal característica, el 66% mencionó “acatar la ley” y el 13% “prohibición”. Cabe observar que el 13% no señaló una sola de sus características.
11.- Se pidió al encuestado que indicara qué instituciones integran el Poder Judicial. La mayoría mencionó a la Corte Suprema (8%), a los Jueces (8%), a los Tribunales de Justicia (5%), a la Fiscalía (4%) y a los fiscales (2%). En porcentajes muy menores al Ministerio de Justicia (2%) y Fuerzas Armadas (1%). En general, hay un cuadro más alentador.
12.- Se consultó a qué debe atender el juez al resolver un juicio o juzgar a una persona y cómo debe justificar su decisión. El 88% mencionó a la ley, el 6% no saberlo, 4% a la conciencia pública, y el 2% a la moral. Esta respuesta revela que si bien se desconoce quién interviene en la tarea legislativa y qué es la ley, hay una clara percepción de que los jueces deben atenerse al mandato legal para realizar su cometido.
13.- Se consultó si el encuestado sabía quién designa a los Ministros de Estado. El 64% respondió afirmativamente y el 36% negativamente.
14.- Para complementar la preguntar anterior, se preguntó sobre quien designa a los Ministros de la Corte Suprema, al Contralor General de la República y al Fiscal Nacional. Mayoritariamente se respondió que al Presidente de la República. El 28% respecto de los primeros (Ministros de la Corte Suprema), el 40% respecto del segundo (Contralor General de la República), y el 34% respecto del tercero (Fiscal Nacional). Paralelamente, no sabe o no responde, en cada uno de estos casos separadamente, entre el 57% y el 55%. Al menos estos porcentajes dan cuenta de un arraigado concepto del régimen presidencialista que existe entre nosotros.
15.- Para concluir la primera parte de la encuesta, se consultó si podía el entrevistado indicar en qué consiste una Asamblea Constituyente y para qué se organiza. El 82% desconoce qué es. Del 18% que dice conocer qué es la Asamblea Constituyente, el 88% alude a que ella es para “cambiar la Constitución”. Además, la respuesta que comentamos parece trasuntar un cierto sesgo político, ya que solo el efecto de una consigna puede justificar declararse ignorante acerca de la naturaleza y funcionamiento de un órgano llamado a ejercer la potestad constituyente, y paralelamente, calificar de indispensable (pregunta 29) una modificación de la Constitución. Hasta aquí las preguntas sobre los conceptos de educación cívica más elementales en nuestro medio. Las respuestas recogidas dan cuenta de un desconocimiento muy profundo sobre conceptos e instituciones básicas, lo que hace ilusorio el ejercicio de los derechos ciudadanos. El nivel de ilustración mínimo que requiere la vida ciudadana en el marco de un “Estado de Derecho”, está muy lejos de alcanzarse. De lo indicado se infiere que todos los esfuerzos que se hagan para perfeccionar el sistema normativo y los organismos encargados de velar por su recto funcionamiento, serán vanos mientras los miembros de la comunidad no superen este escollo. Cualquier decisión ciudadana en este marco carecerá de la solidez si no se halla sustentada en una población mínimamente informada.
Valores que predominan en el sector ciudadano.
La segunda parte de esta encuesta está destinada a indagar cuáles son los valores que predominan en la ciudadanía.
16.- Se consultó sobre cuál de las instituciones que se señalan merecen mayor confianza. Largamente, es el Cuerpo de Carabineros de Chile la institución que mayor confiabilidad proyecta en la población (40%). Lo sigue las Fuerzas Armadas (24%), la PDI (18%). Los Tribunales de Justicia (5%) y los guardias privados (9%). Como puede apreciarse, entre los organismos encargados de controlar el orden público y la paz social, el 64% de los encuestados deposita su confianza en los cuerpos armados. Resulta curioso que parte significativa de la población se incline por las Fuerzas Armadas, sin que corresponda a éstas un rol en la lucha contra el delito.
17.- Para conocer la visión que se tiene de la función judicial, se consultó a quién favorecen los Tribunales de Justicia (a la víctima o al victimario), puesto que existe un descontento manifiesto en la población por el incremento de la delincuencia. El 74% respondió que al “delincuente”. El 13% señaló que actúan equilibradamente, y solo el 8% manifestó que a las “víctimas”. De lo indicado se desprende un descontento evidente con el nuevo sistema procesal penal, más allá de todo comentario o debate.
18.- Para conocer el ánimo de los ciudadanos ante las cifras de criminalidad, se consultó si el encuestado temía ser víctima de un delito. Respondió afirmativamente el 85%, en tanto el 15% lo hizo negativamente. En consecuencia, existe un temor generalizado de ser objeto de un hecho punible, lo cual debilita el sistema jurídico en general.
19.- Se preguntó al consultado si aprobaba o rechazaba el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. El 54% lo aprueba y el 39% lo rechaza. No cabe duda, por consiguiente, que la ciudadanía se ha inclinado por respetar las opciones sexuales de cada cual y que, mayoritariamente, acepta la regulación jurídica de las parejas homosexuales.
20.- Derechamente, se preguntó al encuestado si admitía la eutanasia, especificándole que consistía en la colaboración en la muerte de otra persona cuando ella sufre una enfermedad incurable, fuertes dolores y lo pide formalmente. El 46% respondió positivamente, el 42% negativamente y el 12% no respondió. Nuevamente, se advierte una posición más liberal sobre esta materia, aun cuando la diferencia no es sustantiva.
21.- Atendiendo a la polémica pública que ha suscitado la despenalización del aborto por tres causales específicas, se consultó sobre si debía permitirse por decisión de la madre cuando la concepción había sido fruto de una violación. El 60% contestó afirmativamente, el 33% negativamente y el 7% no contestó. Esta cifra nos parece importante, porque las campañas desplegadas para condenar el aborto en el supuesto indicado, parecen no haber afectado a la población, sin perjuicio de que confirma una acentuada tendencia liberal en lo valórico y una reafirmación de los derechos de la mujer sobre el fruto de la concepción.
22.- Para disipar las polémicas que ha provocado el actual estado de la economía, se consultó si, en general, los problemas económicos que afectan al país son consecuencia de la crisis internacional o de políticas internas. El 74% las atribuyó a políticas internas y solo el 21% a la crisis internacional. Por lo tanto, la ciudadanía tiene un criterio formado sobre el daño que parece estar causando las reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo.
23.- Con el mismo fin, se consultó sobre si creía el encuestado que la propiedad privada es un derecho fundamental que debe protegerse. El 91% respondió afirmativamente y el 7% negativamente. Asignamos a esta respuesta una enorme importancia, porque los chilenos han abandonado los postulados colectivistas que se pregonaban en el pasado con nefastas consecuencias.
24.- Para detectar la visión de los encuestados se consultó sobre si Chile en los últimos 30 años (desde 1985), ha progresado y mejorado la calidad de vida, se mantiene igual, o ha empeorado. El 60% dice que hemos progresado y mejorado la calidad de vida; el 24% que nos mantenemos igual; y el 15% que hemos empeorado. Nuevamente se observa una clara tendencia en el sentido que reafirmar un avance importante en lo que concierne al progreso experimentado por nuestro país.
25.- Ante la protesta continua de la ciudadanía por efecto de crímenes y delitos de alta connotación social, consultamos si el encuestado era partidario de reimplantar la pena de muerte para castigar los delitos más graves contra las personas. El 55% se manifestó partidario de hacerlo, el 39% se manifestó contrario, y el 6% no respondió. Creemos que esta respuesta da una perspectiva clara, en orden a que el aumento de las sanciones penales es un anhelo de la población.
26.- Frente al debate público respecto de la enseñanza superior, consultamos si las universidades e institutos profesionales deben pertenecer al Estado o pueden ellos ser fundados y dirigidos por particulares. El 51% se manifestó partidario del dominio exclusivo del Estado, en tanto el 40% de la posibilidad de que fueran fundados y dirigidos por particulares. El 9% no respondió. Debe concluirse, entonces, que existe sobre este tema un marcado acento estatista, aun cuando la mayoría no sea significativa.
27.- Siendo la delincuencia uno de los problemas que con mayor vigor golpea a la comunidad, quisimos saber qué medidas debían adoptarse para combatirla. El 32% señaló rebajar la edad de la responsabilidad penal; el 27% aumentar las penas a los delitos; el 21% castigar con especial rigor la reincidencia; el 14% disponer de un mayor número de fiscales y tratar que ningún delito quede impune o sin investigar; y el 6% aplicar la prisión preventiva. Es llamativo la capacidad del diagnóstico que revelan estas respuestas, porque acusan un análisis detenido de la situación por la cual atravesamos.
28.- Para clarificar el antecedente que motiva la conducta del ciudadano en un proceso electoral, se consultó a qué factor se atiende al emitir el sufragio. El 36% se inclinó por la calidad personal del candidato; el 34% a su programa; el 11% al partido a que pertenece; y 19% no respondió. Las respuestas demuestran un bajo nivel de ideologización, ya que la identidad con un partido político apenas sobrepasa el 10%.
29.- Volviendo al problema constitucional se consultó si el encuestado creía que era indispensable una reforma constitucional para nuestro país. Para sorpresa nuestra, el 60% respondió afirmativamente, el 28% negativamente; y el 12% no contestó. Asignamos a esta respuesta un carácter “espontáneo”, puesto que, como se dice en lo precedente, la mayoría ignora el contenido de una Constitución.
30.- Para finalizar quisimos saber cuáles eran los tres principales problemas que afectan a Chile. Entre varios otros, el 27% indicó la delincuencia; el 16% la salud; y el 14% la educación. No cabe duda que hay plena conciencia pública de que el delito es el problema más apremiante y que debemos enfrentarlo en forma prioritaria.
Creemos que esta encuesta es un fiel reflejo de lo que sucede entre nosotros. No obstante las contradicciones que pueden descubrirse, la mayoría de nuestros compatriotas tiene una idea clara del momento histórico que vivimos, de sus principales aprensiones y problemas. En otros términos, por lo menos, sabemos que piensan mayoritariamente los integrantes de esta comunidad.
