El director del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, José Manuel Díaz de Valdés, expuso en audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, un amicus curiae en favor de las personas afectadas la disolución de la Caja Central de Ahorro y Préstamo.
El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SINAP) de Chile fue creado con el objeto de facilitar el acceso a viviendas por medio de un sistema de ahorro. Esta instancia nació en la década de los 60, y en 1990 el Ministerio de Hacienda (por medio de la Ley 18.900) pone fin a la existencia de ésta.
Según un supuesto informe de la Tesorería General de la República, existirían 67 mil ahorrantes que formaban parte del sistema, a los cuales se le adeuda una cifra cercana a los MM $2.200.-
El problema es que la misma Ley que puso término a la existencia legal de dicha entidad, específicamente en sus artículos 4 y 5, dispuso que sólo una vez publicado el decreto mediante el cual el Presidente de la República apruebe la cuenta de la liquidación de los respectivos patrimonios, estos pasarían a ser de cargo fiscal y, por tanto, devueltos a los afectados.
Es en este sentido, que el CJC acusa que como hasta la fecha el decreto no se habría dictado, las personas afectadas no podrían cobrar sus créditos, todo ello por una negligencia inexcusable del Estado. Más aún, los pequeños ahorrantes no han podido acceder a protección jurídica alguna de los tribunales de justicia, y todo ello en razón de la ley cuya inconstitucionalidad se está solicitando.
“En definitiva, una visión general de lo sucedido nos permite observar un resultado escandaloso. En efecto, el legislador puede vulnerar la Constitución Política de la República, y el Presidente puede incumplir el mandato de la ley, todo ello sin consecuencias”, establece el amicus curiae presentado.
“Observamos poder sin control y ciudadanos sin mecanismos reales de protección, cuestiones radicalmente incompatibles con nuestra Constitución”, afirma.
