La Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo en sus 15 años de existencia, se ha empeñado en modernizar los estudios jurídicos y abandonar una metodología que no se aviene con nuestro tiempo. Generalmente se presentan los estudios de derecho íntimamente asociados a la “memorización” y al “análisis literal” de un sistema normativo preestablecido. Desde esta perspectiva, la elaboración de las leyes ha ido perdiendo, gradualmente, su carácter técnico especializado. De allí que al debilitamiento profesional del abogado, siga una legislación confusa, inconexas en muchos sentidos, preparada con intervención de economistas o personeros políticos, que ha roto la unidad y coherencia del “derecho común” expresada en los códigos decimonónicos. No creemos exagerar si denunciamos la proximidad de una crisis del “sistema legal chileno”, activada por abogados y legisladores, los primeros pobremente preparados para encarar las actuales necesidades jurídicas de la comunidad, y los segundos divorciados de la técnica jurídica en su tarea de generar las leyes. Prueba irrefutable de lo que decimos es la confusa y vacilante jurisprudencia sobre materias tan sensibles como la generación eléctrica, los planes de salud, la responsabilidad extracontractual del Estado y el deterioro de la seguridad especialmente en zonas de alta conflictividad.
En lo que nos concierne, nuestra Facultad, aisladamente, ha introducido una nueva metodología en la enseñanza jurídica que responde a un modelo mixto de aprendizaje y competencia. No sólo debe ponerse énfasis en la trasmisión del conocimiento, sino, también, en las habilidades y destrezas que permiten dar recta aplicación a las normas. Entendemos que la misión del abogado es orientar jurídicamente a quienes requieren sus servicios y resolver, mediante la aplicación de la ley, los conflictos que se suscitan en las relaciones intersubjetivas. Por lo tanto, el abogado debe ser adiestrado resolviendo casos concretos, aplicando el mandato normativo y creando derecho a través de la interpretación, pero siempre dentro del marco que le corresponde.
Por último, hemos volcado nuestro esfuerzo en una contribución real a la comunidad jurídica, llegando al punto de proponer un proyecto alternativo al mensaje del Ejecutivo sobre un nuevo Código Procesal Civil que sigue la misma inspiración del Código Procesal Penal. Fruto de la crisis que avizoramos, salvo honrosas excepciones, en lugar de abrirse un debate a este respecto, se acalló todo comentario, en tanto los legisladores aprobaban, luego de un estudio más que superficial, el texto propuesto por el oficialismo. Una vez más, con la debida antelación, advertimos las perniciosas consecuencias que se seguirán de esta medida.
Este mensaje, al igual que las publicaciones periódicas de la Facultad, contribuirá a alertar sobre nuestras denuncias y disidencias, siempre con el propósito de mejorar el sistema jurídico e introducir las reformas que resulten indispensables.
Pablo Rodríguez Grez, Decano Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo
