Con fecha 29 de mayo de 2018 se publicó la Ley 21.091 sobre educación superior, teniendo como sus principales objetivos la consolidación del Sistema de Educación Superior, la entrega de garantías de calidad y el resguardo de la fe pública. Con estas finalidades en vista, crea la Superintendencia de Educación Superior y le encarga la supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior (IES), dotándole, para estos efectos, de amplias facultades sancionatorias y de fiscalización. Iniciado su funcionamiento el pasado 6 de mayo, con la publicación del D.F.L. 2 del Mineduc, la Superintendencia de Educación Superior ejercerá un rol muy gravitante en la gestión de las IES.
La nueva ley sobre educación superior, en su integridad, constituye un trascendente momento para la educación superior chilena y un enorme desafío para sus instituciones.
Con todo, la nueva ley de educación superior plantea varias interrogantes, tal como, la forma en que habrá de cumplirse con el deber de informar. Puesto que, como no podría ocurrir de otra manera, la ley entrega al Fiscalizador la facultad de interpretar administrativamente sus normas, así como también le encomienda la reglamentación de diversos procedimientos, creemos que, para el beneficio del entero sistema de instituciones de educación superior y de sus alumnos, es recomendable que ella obre siempre conociendo, de antemano, las experiencias y vivencias de cada institución de educación superior. Sólo así, empapada de realidad, podrá cumplir satisfactoriamente con su delicada misión, creando interpretaciones y procedimientos que, nacidos de la más amplia y comprensiva mirada posible de la realidad universitaria, cumplan cabalmente con el espíritu de la ley, por una parte y, por otro, no lleguen a constituirse en un obstáculo para que las IES cumplan eficientemente con su misión esencial.
Gonzalo Rioseco Martínez
Secretario general Universidad del Desarrollo
