Son varios nombres los nombres de abogadas y abogados -muchos de ellos constitucionalistas- que aparecieron en el debate público en este nuevo proceso constitucional, y que si bien ya tienen una trayectoria, están llamados a jubilar, como dice el exsubdirector de la Secom en Bachelet 2 y director de la consultora Qualiz, Carlos Correa, a los abogados que se hicieron conocidos en los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera en los últimos años.
Hay consenso actualmente en que los profesionales que trabajaron en la Comisión de Expertos que creó el anteproyecto con amplio acuerdo y unanimidad (desde el PC a Republicanos), se mostraron más dialogantes y menos «consigneros» que académicos como Fernando Atria y Jaime Bassa (que llegaron al proceso pasado en la Convención Constitucional con experiencia en las aula, pero escasa capad-dad de negociación política).
Aunque hay otros que creen, como el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Eugenio García Huidobro, que se debe poner atención a este recambio del que se habla, pues «este cambio constitucional tiene cosas muy atractivas, pero el vínculo entre el asesor técnico y el político es bastante más tenue y no es tan fluido como lo fue en el 2005 o en el 89. Si uno hace ese cambio generacional, es una de las cosas más importantes a las que hay que prestarle atención».
Lo anterior, se refleja en una cierta comunidad que había entre la camada antigua de constitucionalistas como Jorge Correa Sutil, Gastón Gómez o Arturo Fermandois, que permitía en muchos casos saber la frontera o el margen que odstía para construir puentes. Pero el actual proceso, parece ser más teñido del mandato político de los partidos que gobiernan o los que están en la oposición.
A lo largo de las negociaciones, destacaron otros nombres según los observadores de este proceso. En una mención espontánea, además de Osorio, aparecen Catalina Salem (RN), Catalina Lagos (PS), Natalia González (cupo UDI), Máximo Pavez (UDI) y Leslie Sánchez (SD). La primera, de la lista es una especie de discípula de la constitucionalista Marisol Peña. Respecto al debate tras la votación, Salem habló en radio Futuro hace pocos días: «No hay un desacuerdo en todo el texto constitucional, sino que en alguna de sus normas. La mayoría del texto constitucional fue construido en conjunto por los 24 expertos y los 50 consejeros, pero hay ciertas normas que han sido las que más han aparecido en la opinión pública, que para un sector político son esenciales en la discusión y que la forma como quedaron redactadas los lleva a tener una postura en contra en el plebiscito del I7 de diciembre». Y agregó: «Las constituciones políticas no cambian la vida de un día para otro, pero sí pueden cambiar forma en cómo se gobierna un país».
Más allá de las disputas jurídicas, Correa rescata que el grupo de expertos «a diferencia del proceso pasado, los abogados constitucionalistas que participaron quedaron mejor aspectados. No es lo mismo Osorio, Lagos, Rivas que Atria o Bassa. Este es un grupo que es más dialogante, mucho más dispuesto a escuchar y a entender los problemas constitucionales, más que consigne-ros. En la derecha hubo varios aportes, Sebastián Soto era conocido, pero quedó como la figura más importante en la derecha. Están llamados a jubilar a la generación an. terior, por decirlo de alguna manera».
Sobre el futuro de muchos de ellos, Alvarado dice que «hay expertos que pertenecen al mundo académico y aquí hirieron una excepción, prestaron un servicio público. Catalina Salem, tengo la impresión que ella seguirá cultivando su perfil académico, intuyo que fue una experiencia valiosa para ella, creo que el paso por esta experiencia híbrida le sin., pero le cambiará su vida académica». Y agrega: «Natalia González y Sebastián Soto, representaron distintas sensibilidades de las derechas, ellos han tenido experiencia en el ámbito político».
Correa complementa con la experta Anastasiadis: «Creo que es una figura joven y prometedora, ella en la DC estaba bajo el marco de Jorge Correa Sutil y ahora viene un buen relevo. Hay que mirarla con atención». Pero uno de los retos hacia el futuro, como dicen Correa en caso de que gane el «En Contra», son las reformas políticas que cree que se deberían hacer en ese eventual escenario. «Se va a requerir un acuerdo de reformas políticas y eso le dará cada día más peso político a los constitucionalistas. Esta nueva generación se met. en la sala de máquina constitucional, lo hicieron con más sentido profesional que el anterior. En general, ese grupo de más en el análisis».
El abogado Sebastián Soto (Ind. Evópoli) ya conocía los pasillos del Congreso y el ritmo de un gobierno. Se desempeñó como asesor jurídico en el segundo mandato de Sebastián Piñera. Es un profesional respetado por el exmandatario, quien solía consultarle varios asuntos cuando era presidente. Fue uno de los primeros que levantó la voz cuando el partido Republicano comenzó a modificar la propuesta de los expertos con las enmiendas, en particular con la que libera el pago de contribuciones.
«El plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de estas normas discutibles que no solo son cuestionables en lo constitucional, en lo técnico y en lo político, sino que además enervan un acuerdo transversal. El plebiscito de diciembre no se va a ganar con confrontación, polarización o con la lógica de amigo enemigo». Soy de los que cree que el plebiscito de diciembre solo podrá ganarse si hay un pacto político en el que la ciudadanía pueda ver que no solo a sus líderes políticos, sino que también los líderes sociales. Nadie sabe cuál es la fórmula del triunfo, pero al menos si me equivoco, prefiero equivocarme con un texto de consenso y no con un texto partisano», dijo en septiembre pasado.
Las palabras de Soto cobran sentido ahora que se llegó a la recta final del proceso y que nuevamente las coaliciones políticas, a diferencia de la instancia don- de los constitucionalistas trabajaron, está dividida entre votar a favor o en contra el próximo 17 de diciembre. «En términos generales, en contraste del proceso anterior, es bien elocuente el cambio que hubo. Hay muchos jóvenes y profesionales bien preparados, no estoy seguro que todos se vayan a dedicar a la vida estrictamente académica, seguramente otros van a navegar entre lo técnico y lo político o jugar en los dos canchas», comenta el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado.
Otro de los nombres que destacó -aunque al igual que Soto ya tenía experiencia en negociaciones políticas- es el abogado PS, Gabriel Osorio. Un profesional escuchado en la tienda socialista, especialista en temas electorales y que estuvo por el partido sentado en la mesa por el acuerdo del 15 de noviembre en medio del estallido social y que posibilitó este segundo proceso. Osorio fue muy crítico con el proceso anterior de la convención.
En octubre pasado, en una entrevista en La Tercera, Osorio expuso los problemas que hubo con las enmiendas republicanas en este nuevo paso constitucional, pero también advirtió los riesgos que se podrían correr al llegar al escenario actual: «La única torna de lograr estabilidad política era el texto de consenso. No basta con señalar que hay que cerrar el proceso. Esto hay que cerrarlo, pero cerrarlo bien, y cerrarlo bien implica necesariamente tener mayor capacidad de acuerdo y mayor generosidad. La generosidad implica renuncias a cienos anhelos y eso no ocurrió acá, así como tampoco ocurrió en la Convención. Pretender cerrar el problema constitucional con un todo que tiene serias deficiencias técnicas es irresponsable».
Sobre los roles de los juristas de izquierda, Alvarado dice que «la única persona del progresismo que mostró gran flexibilidad, fue Paz Anastasiadis (votó rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022). La única que fue capaz de cruzar el río, creo que es algo que se debe destacar. Rescata varios aspectos valiosos al texto».
Fuente: La Segunda
