Columna de Opinión publicada el martes 07 de junio por Marisol Peña, Director de Programas Académicos y Profesora Investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, en El Líbero.
Si hasta ahora existían especulaciones sobre la materia, ya ha quedado claro que el Gobierno no puede sino impulsar la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre próximo.
En efecto, las declaraciones del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, este último fin de semana, han dejado claro que, con la actual Constitución, no se pueden impulsar las modificaciones estructurales contempladas en el programa de gobierno del Presidente Boric en materias como salud, seguridad social y educación.
¿Y por qué? Porque, como señaló el mismo ministro Jackson, refiriéndose al derecho a la salud, el inciso final del artículo 19 N° 9 de la Constitución vigente, otorga a cada persona el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea éste estatal o privado. Lo que parece incomodarle al Gobierno es la alusión a la intervención de los “privados” en dicho sistema. La misma lógica puede aplicarse al derecho a la seguridad social y al derecho a la educación que también permiten la participación de los privados en la satisfacción de esas necesidades básicas.
Luego, la Constitución vigente se erige como una valla insalvable para instalar políticas públicas en las que el Estado juegue el rol central como se aprecia en el programa de gobierno, a lo que se une que no podría competir con la nueva Constitución, “la única gestada en un proceso democrático y participativo a lo largo de toda la historia patria”, aun cuando dichos argumentos sean más que discutibles.
Recordemos que cuando el Presidente Boric visitó la Convención Constitucional, poco después de resultar elegido, expresó “yo no espero, en ningún caso, una Convención partisana; una Convención al servicio de nuestro Gobierno”. El Presidente, por el contrario, sabía perfectamente que necesitaba una nueva Constitución para impulsar sus cambios estructurales asociados a un rol preeminente del Estado en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y la Convención ha estado precisamente al servicio de lo que este gobierno necesitaba diseñando una Constitución “estatocéntrica” que anula totalmente el aporte del sector privado y asume que el Estado será capaz de brindar la mejor educación, la salud más integral y las pensiones más dignas por el solo hecho de que le asigne a éste el rol de eje de cada uno de esos sistemas.
En un estudio del año 2005, del que es coautor, el actual Ministro de Hacienda señalaba que la tendencia mundial era reforzar el rol del Estado en la educación, pero destacando, al mismo tiempo que, en Corea, “la inversión privada es un complemento más que un sustituto de la inversión pública en educación”. Luego, parece que cada Estado debe buscar el mejor equilibrio sin que exista una regla general imbatible.
Con todo, en el año 2005 no estaba tan claro como hoy que la gobernanza supone favorecer las alianzas público-privadas en las decisiones públicas sin asumir, de antemano, que los privados actuarán en función de sus propios intereses personales dejando de lado el rol de servicio público que su actividad importa. De hecho, recién en el año 2015 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), que forman parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde se explicita que, para alcanzar esas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas como usted.
La proscripción anticipada de toda injerencia privada en la meta de lograr un Chile con mayor igualdad de oportunidades y justicia social es injusta a la vez que irreal. No solo porque los ODS están mostrando el camino inverso, sino, porque nuestro país ha abierto mayores oportunidades gracias al concurso de los particulares en apoyo del Estado y en áreas de particular sensibilidad para el desenvolvimiento diario de las personas. Un ejemplo de ello es el sistema de libre elección en salud que ha permitido a los afiliados a Fonasa atenderse en centros privados de alto nivel y calidad que no tienen parangón con el sistema público.
Luego, ésta resultó ser una Convención Convencional al servicio del gobierno de turno, tal y como lo ha evidenciado uno de los ministros más cercanos al Presidente de la República.
