Carta al Director publicada el sábado 22 de enero en El Mercurio por José Manuel Díaz de Valdés, Profesor Investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
Señor Director:
En la discusión sobre si mantener o no el Tribunal Constitucional, prima una “perspectiva de poder”, que se pregunta si es necesario un árbitro entre los poderes del Estado, o un control del legislador. Esta visión, si bien importante, es algo antigua, e ignora que el parámetro fundamental de legitimidad actual son los derechos fundamentales. Entonces, una pregunta que necesariamente debemos hacernos es si el Tribunal Constitucional contribuye o no a la defensa efectiva de tales derechos. Al respecto, y no obstante excepciones, el balance es positivo. Su intervención no solo ha cerrado importantes brechas que existían en el sistema de protección de derechos fundamentales (recordemos que algunas vulneraciones no se podían reclamar ante nadie), sino que además ha producido una contundente jurisprudencia sobre tales derechos. Los derechos fundamentales son difíciles de interpretar y de aplicar. Su contenido y límites son difusos. Por lo mismo, resulta imprescindible que los tribunales vayan trabajando estos derechos, determinando sus ámbitos de protección, limitaciones y aplicaciones. Los tribunales ordinarios generalmente no pueden hacerlo. Y por eso ha sido el Tribunal Constitucional el que ha asumido en Chile esta labor, generando abundante jurisprudencia en materia de derechos. Consecuentemente, retroceder a un sistema sin Tribunal Constitucional impactaría severamente en el desarrollo de la dogmática de los derechos fundamentales, lo que afectaría su protección.
