El Profesor Investigador del Centro de Justicia Constitucional, Gaspar Jenkins Peña y Lillo, fue entrevistado como experto respecto a «Convención constituyente: la oportunidad para descentralizar» en el Diario El Sur, el pasado domingo 16 de mayo.
Mañana estará claro quiénes son las 11 personas que representarán a la Región en la Convención Constitucional, órgano que tendrá nueve meses -prorrogable por tres más, por única vez- para elaborar una nueva Carta Magna. En total participarán 155 personas, 17 de ellas representantes de los pueblos originarios, que tendrán esta tarea a cargo.
El trabajo que se haga es una oportunidad de restaurar la conexión entre los ciudadanos y la política, dándole mayor legitimidad al proceso. Esto se conseguirá involucrando a la comunidad en todo el proceso, lo que se puede hacer transparentando las sesiones e incorporando sus opiniones durante la discusión del contenido del texto.
También es el momento de implementar un sistema distinto de Estado que permita una real descentralización. Así lo cree la Fundación Chile Descentralizado, que a inicios de mayo presentó un documento sobre el tema, donde propone la instauración de un modelo unitario-descentralizado, «con comunas y regiones dotadas de poder político, facultades y recursos de decisión autónoma; en el ámbito de sus competencias, capaces de asegurar servicios básicos de calidad a todos sus habitantes en materia de salud, educación, seguridad, vivienda, transporte, conectividad, cultura, deporte y recreación.
Académicos y abogados de la zona reconocen que esta es una gran oportunidad para aquello. No obstante, advierten que la relevancia que se le dé a este tema dependerá mucho de quiénes finalmente se sienten a la mesa a escribir la nueva Constitución.
En la Ley 21.200, que modifica el capítulo XV de la Constitución Política de la República, no hay mucha información sobre cómo será el trabajo de la Convención Constituyente. Sólo aparece que una vez que se emita la sentencia de proclamación con los ganadores (lo que puede realizarse hasta 30 días después de la elección de este fin de semana), el Presidente tiene tres días para convocar la primera reunión. Esta se concretará en un plazo máximo de 14 días. Es decir, será entre junio y julio.
En esa reunión, los 155 integrantes tienen que elegir por mayoría simple a su presidente y vicepresidente y deberán crear una secretaría técnica, que los asesorará en distintas materias.
Eso es todo lo que aparece en la normativa promulgada el 24 de diciembre de 2019 y que es el resultado del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito en noviembre de ese mismo año y que se generó a propósito de las protestas que partieron en octubre.
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, añade que también está claro que los acuerdos deben adoptarse con la venia de 2/3 de los integrantes, que tienen nueve meses para elaborar la nueva Constitución, con una sola prórroga de tres meses, y que para este año hay consignados 6 mil 708 millones de pesos en la Ley de Presupuesto, de los cuales la mitad podrá gastarse en insumos, como la contratación de expertos y asesores, por ejemplo.
Según la autoridad regional, no se fijaron más normas porque la idea es que sea un organismo autónomo. La única tarea que tendrá el Gobierno a partir del 16 de mayo, indica, es dar las facilidades para que se concreten las sesiones. Por ahora, sólo está claro que la primera reunión será en el ex Congreso en Santiago y que en el Palacio Pereira, ubicado a unos metros, estarán las oficinas de los constituyentes.
Chile Descentralizado y académicos de varias universidades han dicho que para promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana sería una buena opción el realizar sesiones en otras regiones.
La seremi Parodi afirma que si la Convención acuerda esto, está toda la disponibilidad: «Si estiman venir a Concepción, colaboraremos en todo lo que podamos, pero esa es una decisión que tienen que tomar los constituyentes».
Violeta Montero, directora del Departamento de Administración Pública de la Universidad de Concepción (UdeC) e integrante del Foro Constituyente de la misma casa de estudios, expone que interpretar el sentir de la ciudadanía y plasmarlo en un texto es un desafío complejo. «Hay que generar espacios y dinámicas de entrega de información y que tengan incidencia en los temas», plantea.
Podría ayudar en esto, dice, realizar sesiones fuera de Santiago y generar audiencias públicas. También, que las personas busquen información sobre el avance de las sesiones. «Espero que el proceso no se restrinja a los constiuyentes, que la gente igual se involucre», complementa.
El director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián (USS), Lucas Serrano, suma actividades como grupos focales o conversatorios, experiencias que se han aplicado en otros países con experiencias similares, como Finlandia, argumenta.
Para Gaspar Jenkins, investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho UDD, lo mínimo para asegurar transparencia e involucrar a la ciudadanía es la transmisión de las sesiones. «También podrían hacer audiencias semanales, como se usó en el proceso de Túnez, o hacer encuestas públicas. También se puede habilitar un correo o buzones donde las personas puedan plantear sus inquietudes. Esto se aplicó en procesos constituyentes en Latinoamérica, como en Colombia», cuenta.
La abogada Valeska Opazo, profesora de derecho administrativo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), recuerda que la normativa actual le da la potestad a los convencionales para autorregularse. Esto implica que ellos deben definir su estructura interna, cómo van a llevar la discusión de los temas que quedarán plasmados en la Constitución y qué harán para cumplir con los principios de transparencia y participación.
Para este ultimo caso, menciona, se pueden hacer sesiones regionales, entrevistas con organizaciones sociales o incluso generar un sitio web. «La publicidad y transparencia, más la participación ciudadana, son los principios clave en el trabajo», asegura.
Heinrich von Baer, presidente de Chile Descentralizado, menciona que la propuesta de su organización es un nuevo pacto social, territorial y ambiental, consagrado en un nuevo modelo de Estado y de democracia.
«Actualmente hay un Estado centralizado, con concentración de poder, recursos y competencias en la capital. El orden natural es diverso, pero el orden público es homogéneo y uniforme. La autoridad central olvida que el país es diverso al momento de tomar decisiones», advierte.
Indica que la idea de un Estado unitario-descentralizado apuesta a que las regiones tengan la capacidad de generar recursos propios.
En el documento, publicado en el sitio web de su organización, se lee que «una mayor ejecución presupuestaria desde los territorios posibilita mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en la entrega de resultados, ya que recursos ejecutados desde los niveles locales disminuyen la burocracia de intermediación, acortando los ciclos desde el levantamiento de demandas hasta la provisión de soluciones públicas con mayor pertinencia. Ello evita la dispersión de recursos públicos y mejora los niveles de seguimiento y control de resultados dado que se realiza desde niveles más próximos a la ciudadanía».
Valeska Opazo menciona que cuando los constituyentes discutan este tema deben tener claro que la finalidad de la descentralización es potenciar la democracia y la servicialidad del Estado. «Entonces, hay que ver para qué se va a implementar y cómo harán para que estos dos objetivos se cumplan», complementa.
Carlos Maturana, abogado del Centro de Estudios de Corbiobío, indica que esta es una oportunidad para profundizar el actual proceso de descentralización, ya que la elección de gobernadores regionales (que también se hace este fin de semana) es insuficiente.
«Desde los 90 que la regionalización ha sido un tema importante y se ha avanzado, eso no hay que desconocerlo, pero representa una pérdida de poder para el nivel central, por eso ha costado implementarlo. Ahora es la oportunidad de que se tomen definiciones que han estado vetadas», proyecta.
Añade que la relevancia que se le otorgue a la descentralización estar vinculado a la cantidad de independientes que participen: «En los grupos de poder saben que las reglas que se definan hoy los regirán mañana, por eso es más difícil para ellos hacer grandes cambios».
En esa línea, Lucas Serrano comenta que «hoy es el momento para hablar de todos los temas y ver, por ejemplo, qué derechos y deberes hay que consagrar, el rol del Estado y qué tipo de Estado vamos a tener».
Tal como lo menciona la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, serán los mismos constituyentes los que definirán cómo funcionarán, es decir, cuántas sesiones harán al mes, dónde se reunirán, si los encuentros serán presenciales o telemáticos, todos en Santiago o en regiones y si trabajarán los temas por comisiones y cómo se estructurarán.
El Instituto Libertad y Desarrollo ha sugerido que la discusión se realice en torno a temáticas definidas y que para ello se generen comisiones a cargo de trabajar sólo esos temas.
La socióloga Violeta Montera expone que será crucial ver qué mecanismos establecerán para dirimir las diferencias, pues uno de los fantasmas es que se dé una polarización extrema que bloquee los acuerdos.
Cree que el trabajo de la secretaría técnica será crucial, pues su función será sistematizar y validar las opiniones sin un sesgo ideológico.
Uno de esos temas, sí o sí, será el de la descentralización, pues la Constitución definirá el tipo de Estado que será Chile, advierte Gaspar Jenkins, de la UDD. Lo importante, menciona, es que hacer ajustes en ese ámbito requiere quórum de 2/3. Por tanto, indica, ahora es el momento de profundizar los cambios.
Como reconocen abogados y académicos, lo que resulte como nuevo texto constitucional dependerá mucho de quienes se sienten en la mesa y los mecanismos de trabajo que definan. La única certeza que hay a la fecha es que este trabajo estará concluido entre marzo y junio de 2022 y que será la ciudadanía, una vez más, quien tendrá que decidir, en un plebiscito de salida, si quiere que se aplique este nuevo texto o que se mantenga el actual, de 1980.
Entre junio y julio debería realizarse la primera reunión de los convencionales, quienes elegirán presidente y vicepresidente en esa ocasión.
La Constitución determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma parcial o total de la Constitución.
Si bien existen casi tantas constituciones como Estados soberanos, algunas de ellas consideran cinco apartados o partes: preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, procedimiento de reforma y disposiciones transitorias. En otros casos, constan de tres partes, al no considerar preámbulo ni disposiciones transitorias.
Según la actual Constitución, Chile es una república democrática, posee un Estado unitario, con un solo centro político de impulsión central, cuyos órganos son establecidos por la Constitución Política. El territorio se divide en regiones y estas en provincias, las cuales para efectos de su administración interior se dividen en comunas.
El gobierno corresponde al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia.
