Revisa la columna del profesor – investigador de la Facultad de Derecho e integrante del Centro de Justicia Constitucional, Sergio Verdugo, publicada el 26 de agosto en El Líbero.

¿Se denunciará al Estado de Chile si, agotados los recursos internos, este finalmente reprime la movilización de los camioneros?

La movilización de los camioneros permitirá que examinemos si la cultura de derechos humanos que hemos construido, refleja verdaderamente una genuina preocupación por sectores sociales y políticos diversos.

Las organizaciones de derechos humanos, incluido el Instituto Nacional de DD.HH. (INDH), suelen justificar su acción en un relato consistente en que los derechos humanos son universales, sin color político, y es responsabilidad del Estado no sólo promoverlos, sino también protegerlos y procurar la reparación de sus violaciones. Sin perjuicio de que este relato admite matices importantes, el mismo ha servido para valorar la importancia de dichas organizaciones y legitimar su propio rol. Así ha ocurrido respecto de los observadores de derechos humanos durante manifestaciones como las estudiantiles, y respecto de organizaciones internacionales que evalúan y monitorean el cumplimiento de las obligaciones supranacionales de Chile en materia de derechos humanos (e.g. la Comisión Interamericana).

En algunas ocasiones, el rol de varias de estas organizaciones ha sido criticado por favorecer los intereses políticos de la izquierda, ignorando los de sectores políticos opuestos. Este tipo de críticas cuestionan el relato que estas organizaciones utilizan para legitimar su actuar y, aunque ellas (como el INDH) niegan su validez, lo cierto es que las críticas son útiles para exigir a las organizaciones un estándar más elevado en su actuar. Exigir coherencia en el relato ayudará a estas organizaciones a ser más consistentes en él, lo que en el largo plazo debiera fortalecer su independencia y legitimidad. El caso del INDH es particularmente sensible, puesto que se trata de una institución pública financiada por todos los chilenos, cuya misión establecida por ley lo obliga a ser independiente de intereses partidistas (y especialmente del gobierno).

Es cierto que parte importante de la identificación de los derechos humanos con los intereses políticos de la izquierda se debe a que en nuestro país la cultura de los derechos humanos ha sido construida sobre la experiencia autoritaria que vivimos bajo la dictadura. No obstante, la defensa imparcial y objetiva de los derechos humanos es deseable y exigible. Y aunque el silencio (y en algunos casos, apoyo) de diversos sectores de la izquierda chilena sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Corea del Norte (incluyendo la admiración por la RDA), alimentan la sospecha de la utilización oportunista del relato de derechos humanos en nuestro país, hoy esos mismos sectores tienen la oportunidad de demostrar que su relato refleja una auténtica preocupación por los derechos de todos.

Los camioneros están siendo víctimas de un gobierno que no está interesado en proteger su derecho a manifestarse. El subsecretario Aleuy cuestionó que el gobierno entregue “autorización” para que los camioneros pudieran manifestarse en Santiago; es posible que se les niegue la posibilidad de llegar a las puertas de La Moneda (el proceso en la intendencia ha sido ambiguo); la gobernadora de Ñuble cerró el paso de los camioneros a Chillán; y otras ciudades han utilizado a la policía para impedirles la entrada. Estos eventos no son meras regulaciones de tiempo y forma, sino que constituyen actos materiales para impedir la protesta y una suerte de condicionamiento para la “autorización” previa de la manifestación (¿habrá que recordar que, jurídicamente, el ejercicio de este derecho no necesita “autorización”?). Estos actos constituyen una violación a los derechos humanos por parte del Estado, la que se agrava por la continua (y porfiada) existencia de una controversial regulación administrativa que contradice la Convención Americana de Derechos Humanos. La regulación de la protesta no puede quedar a merced del gobierno, ya que normalmente (sobre todo en un país presidencialista como el nuestro) el derecho a manifestarse se ejerce en contra de dicho gobierno. Parafraseando el dicho popular, admitir que el gobierno regule la protesta equivale a entregarle al gato el cuidado de la carnicería.

Lo anterior plantea un desafío obvio para las organizaciones de derecho humanos en nuestro país. ¿Existirán observadores de derechos humanos para velar por la libertad de expresión y reunión de los manifestantes? ¿Se denunciará (de existir) el abuso policial frente a la protesta? ¿Se utilizarán los instrumentos internacionales para proteger la protesta social como mecanismo de participación legítimo? ¿Criticará el INDH al gobierno? ¿Habrá un estudio de este fenómeno en los anuarios de derechos humanos del INDH y de las Facultades de Derecho que tienen centros de derechos humanos? ¿Se denunciará al Estado de Chile si, agotados los recursos internos, este finalmente reprime la movilización de los camioneros?

Hoy, los activistas tienen una oportunidad histórica para demostrar que los derechos carecen de color político, y que su preocupación por ellos es genuina y capaz de operar con suficiente imparcialidad.

Sergio Verdugo, Centro de Justicia Constitucional, Derecho UDD – Doctorando en Derecho, Universidad de Nueva York (NYU).