La investigadora del Centro de Justicia Constitucional UDD, Catalina Salem, fue consultada por el diario El Mercurio en su edición del domingo 26 de enero, respecto a los distintos escenarios que enfrenta el Tribunal Constitucional (TC) en los requerimientos presentados contra la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, tras la fallida compraventa de una propiedad de los herederos del expresidente Salvador Allende al Gobierno.
En el contexto de los tres requerimientos presentados ante el TC, dos de ellos buscan declarar el cese en el cargo de la senadora Allende, mientras que el tercero, interpuesto por abogados particulares, busca declarar la inhabilidad de la ministra Fernández. Salem explicó que, salvo el examen de admisibilidad, ambos procesos siguen las mismas etapas y plazos, incluyendo la respuesta de la parte afectada, la recepción de pruebas, y la resolución final.
Sin embargo, nuestra docente destacó que existen dudas respecto a la competencia del TC para pronunciarse sobre la inhabilidad de la ministra de Defensa, ya que el artículo 60 de la Constitución establece esta causal solo para parlamentarios, mientras que el artículo 37 bis, que regula a los ministros, no contempla una causal de cesación similar. Según la profesora Salem, esto responde a una «mala técnica legislativa», pero argumenta que una interpretación sistemática de la Constitución y la ley orgánica del TC permitiría al tribunal intervenir en este caso.
«En mi opinión, una interpretación sistemática de la Constitución y de la ley orgánica del TC lleva a concluir que las causales de cesación en el cargo son una especie de inhabilidad. El mismo artículo 60 así lo señala expresamente respecto de los parlamentarios y la ley orgánica no hace distinción. En consecuencia, analizando el conjunto de reglas, el TC sí tendría competencia», señaló Salem a El Mercurio.
La investigadora también explicó que la decisión de que fueran abogados particulares, y no partidos políticos, quienes presentaran el requerimiento contra Fernández responde a una estrategia de litigación más prudente, partiendo por un caso más sencillo para luego abordar uno que requiere una interpretación constitucional más compleja.
