El pasado jueves 16 de enero, el diario La Tercera publicó una columna de opinión de Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDD, donde aborda el rol del Tribunal Constitucional (TC) frente a los requerimientos presentados por parlamentarios para declarar la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende.
Nuestra profesora destaca que esta decisión es crucial por dos razones: primero, porque nunca antes han prosperado acciones de este tipo contra parlamentarios por falta de prueba; y segundo, porque el fallo pondrá a prueba al TC como garante de la Constitución y contrapeso en el actuar de los órganos del Estado.
Citando al ex presidente de la Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, la académica enfatiza el principio del «deber de ingratitud» de los jueces, que les exige imparcialidad absoluta en sus fallos. «El juez constitucional debe prescindir, al fallar, de sus propias afinidades políticas o ideológicas, así como de la supuesta gratitud hacia el órgano que materializó su nombramiento», sostiene Peña.
Asimismo, recalca que el artículo 60 de la Constitución busca prevenir conflictos de interés sin excepciones, lo que significa que no deben considerarse factores como la trayectoria del parlamentario, su intención al celebrar el contrato o si obtuvo un beneficio económico personal. «Basta con que el contrato haya sido celebrado conforme a las reglas generales del Código Civil», precisa.
Finalmente, Peña llama a la coherencia institucional, señalando que así como el TC falló recientemente sobre la Ley de Presupuestos basándose en principios constitucionales y su propia jurisprudencia, «tenemos derecho a esperar que esta sana práctica de juzgamiento también se exprese en los fallos por venir».
