El miércoles 15 de enero, el diario La Segunda publicó una entrevista con Catalina Salem, docente investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDD, donde analizó el caso de la senadora Isabel Allende y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar la cesación de su cargo.
El caso gira en torno a la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, realizada por la parlamentaria al Estado, lo que ha llevado a los partidos Republicanos y Chile Vamos a solicitar al TC que aplique la norma constitucional que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. En la entrevista, Salem recalca que esta disposición tiene un fin disuasivo y preventivo, evitando que los parlamentarios entren en conflictos de interés.
«El TC solo debe demostrar que el contrato existe y luego declarar automáticamente la cesación del cargo», afirma Salem, enfatizando que el Tribunal Constitucional «tiene en juego su autoridad y legitimidad como tribunal de Derecho» y que la decisión que adopte «marcará un hito, sea lo que sea que se decida».
Asimismo, la académica descarta que el Tribunal pueda ponderar la intención de la senadora en este contrato, argumentando que «la Constitución ya tomó la decisión de que el parlamentario que celebra un contrato con el Estado cese en el cargo». Agrega que cualquier interpretación que busque suavizar esta norma podría erosionar las instituciones democráticas.
Finalmente, destaca la importancia de la decisión que tome el Tribunal Constitucional en este caso: «Cada vez que se transgrede la Constitución es un abuso de poder», resaltando que la democracia también consiste en hacer responsables a sus gobernantes.
