La profesora y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Marisol Peña, ex ministra del Tribunal Constitucional de Chile, fue entrevistada por el medio Ex-Ante este miércoles 8 de enero. En la conversación, abordó el polémico caso de la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende y sus implicancias jurídicas y constitucionales, destacando la gravedad del incumplimiento de las normas por parte de la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández.
El caso involucra la venta de la casa del expresidente Salvador Allende al Estado por $933 millones. La transacción fue suscrita por la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández, quienes, de acuerdo con los artículos 37 bis y 60 de la Constitución, tienen prohibido celebrar contratos con el Estado. Aunque el contrato no se perfeccionó debido a su anulación, la firma del documento ante notario constituye un acto con implicancias jurídicas y políticas significativas.
Marisol Peña enfatizó que este caso no solo vulnera el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación del cargo de un parlamentario que celebre contratos con el Estado, sino también el principio de probidad consagrado en el artículo 8°. Este principio obliga a los funcionarios públicos a priorizar el interés general por sobre el particular.
“A mi juicio, la consecuencia es clara: la senadora Isabel Allende ha incurrido en una causal de cesación en el cargo prevista en la Carta Fundamental”, declaró Peña, destacando que corresponde al Tribunal Constitucional declarar esta cesación tras el requerimiento firmado por al menos diez parlamentarios.
Sobre la posición de la ministra Maya Fernández, Peña recalcó que también está sujeta a las mismas prohibiciones que los parlamentarios, de acuerdo con el artículo 37 bis, y podría enfrentar una acusación constitucional.
Además, criticó severamente la gestión del Gobierno en este caso, calificándola de “insólita” por no haber detectado la inconstitucionalidad del contrato antes de su firma. “Los controles internos al interior de la Administración del Estado no operaron”, agregó.
