El pasado 4 de diciembre, la profesora de la Facultad de Derecho UDD y directora del Centro de Justicia Constitucional, Marisol Peña, compartió su visión en El Mercurio Legal sobre la controversia generada por la disposición de la Corte Suprema que establece la reserva y destrucción de informes éticos.
La discusión surge a raíz del caso del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien fue destituido tras una acusación constitucional por notable abandono de deberes. Muñoz presentó un recurso de protección y un requerimiento de inconstitucionalidad para acceder al informe ético emitido en su contra, cuya reserva está amparada por un autoacordado del máximo tribunal.
Este autoacordado establece como procedimiento la confidencialidad de los antecedentes y la destrucción de los documentos tras el cierre de la causa. Mientras algunos expertos defienden esta disposición por alinearse con los principios éticos que garantizan la independencia judicial, otros consideran que contradice la Constitución, que exige publicidad y transparencia en los actos de los órganos del Estado.
En este contexto, la profesora Marisol Peña destacó que “la reserva con que se deben tramitar los asuntos relacionados con la ética judicial tiene que ver con una garantía del magistrado investigado más que del órgano de la Corte Suprema. Es para que no se ande ventilando que hay un cuestionamiento que de alguna manera a ese juez le reste imparcialidad e independencia, hasta el momento que la Corte, a través del Comité de Ministros respectivo, adopte una decisión”.
El debate sigue abierto entre quienes priorizan la independencia judicial y quienes exigen mayor transparencia en los procedimientos. Para conocer más detalles sobre este caso y las opiniones de los especialistas, te invitamos a leer la noticia completa en EL Mercurio Legal.
