Para conocer todos los detalles del análisis de Marisol Peña sobre el caso de la ministra Vivanco y sus reflexiones sobre los nombramientos en el Poder Judicial, te invitamos a leer la entrevista completa en La Crónica de Chillán a continuación.
Disminuir los factores que pueden prestarse para el “muñequeo” político en el nombramiento de altas autoridades, como los ministros de la Corte Suprema, propone la experta Marisol Peña Torres, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo.
El planteamiento de quien fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional en Chile, consiste en dejar las designaciones a cargo de una sola autoridad política -el Presidente-, “sobre la base de una quina confeccionada por un organismo lo más técnico posible”.
La académica fue mencionada entre los expertos a quienes esperan invitar dos de las tres comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.
LA CRISIS MÁS PROFUNDA -Hadicho que “estas tal vez la crisis más profunda por la que atraviesan el Poder Judicial yla Corte Suprema”. ¿Cómo espera quese resuelva? – Con medidas de corto, medianoy largo plazo. Las primeras se deben traducir en hacer efectivas las responsabilidades, en caso de comprobarse los hechos imputados. A mediano y largo plazo, en la revisión del sistema de nombramientos de ministros de la Corte Suprema y eventualmente otras importantesautoridades del Estado dondese aprecian fórmulas relativamente similares de designación, en que intervienen órganos políticos, el Presidente dela República y el Senado.
– ¿El error de causal en el libelo del oficialismo-DC contrala Ministra Vivanco podría derivar en queel caso se pierdaen la cuestión previa? – He leído con mucha atención las palabras del abogado defensor de la ministra Ángela Vivancoen el sentido de que no obviarán en la articulación de la defensa ningún defecto, ni de for
mani de fondo, en las acusaciones quesele han formulado a su defendida. Por lo tanto, no me extrañaría que esto salieraacolación, y es un punto que choca porque da cuenta de la precipitación con que se ha formulado esellibelo acusatorio y della desprolijidad consecuente que ha quedado en evidencia.
– Uno de los redactores, el abogado Lovera, sostuvo que ese “detallito” no afecta en absoluto la tramitación.
-A mímeextraña mucho que un profesor de derecho constitucional se refiera como “detallito” a la mención de la causal de acusación constitucional contra una autoridad determinada. Las causales son distintas dependiendo dela autoridad y haysólo dos que pueden ser acusadas por notable abandono de deberes: los magistrados de los tribunales superiores de Justicia y el contralor general de la República. Por eso le digo que en ningún caso lo que el profesor Lovera denomina “detallito” me parecea míquelo sea.
LOS PODERES Y EL LOBBY
– ¿El lobby que al menos dos de los ministros habrían desplegado para acceder a la Suprema, sería o no causal de abandono de deberes? – Hay que distinguir aquellas situaciones que se produjeron antes de haber asumido oficialmente el ejercicio del cargo y una vez que éste ya se ejercía. La Constitución dice que uno de losrequisitos de validezen la actuación de los órganos del Estado es queesté regularmente investido, esto significa que haya tomado posesión del cargo. Lo que haya hecho antes, en consecuencia, puede merecer reproche ético, moral, pero difícilmente podría conectarse con la infracción de deberes asociados al ejercicio del cargo. Por eso creo que esta distinción va a estar siempre subyacente en las imputaciones que se han hecho.
– ¿Por qué usted considera queno es afortunado para el
sistema político que otro poder del Estado intervenga en la evaluación del desempeño de los jueces? -No existe en ningún estado de derecho la posibilidad de que los poderes del Estado funcionen en forma absolutamente aislada. Si dentro del Poder Judicial existe un mecanismo de carácter disciplinario que podría conducir a la remoción de aquellos ministros que se estima han incurrido en infracción de deberes sustanciales, y que además pueden comprometer la ética en el ejercicio del cargo, soy partidaria de que opere privilegiadamente ese mecanismo interno. La injerencia de otros órganos del Estado, como es el caso del Poder Legislativo através de la acusación constitucional, debe ser a mi juicio un últimorrecurso del sistema político.
-¿Aun cuando seafacultad de las Cámaras? – En algunos de los libelos acusatorios que se han presentado se refuerza la idea de que la acusación constitucional debe resolverse políticamente. Y eso abre un campo eventual para una serie de subjetividades o
puntos de vista que pudieran, de alguna manera, chocar con el debido proceso, con la apreciación de las causales exclusivamente desde un punto devista jurídico. Lo que digo es que ojalá no llegue a influir otro poder del Estado, aun cuando reconozco que en un estado de derecho la acusación constitucional es uno de los principales frenos y contrapesos ala actuación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.
NOMBRAMIENTOS
-A propósito de los nombramientos, usted mencionó que “el desafío país es cómo articular un sistema que evite la politización de losjueces”.
– La politización se favorece en la medida que órganos políticos, que son elegidos y que funcionan políticamente, comosson los casos del Presidente de la República y del Senado, intervienen en el nombramiento de los jueces y de varias otras autoridades. Escosade observar cómo se han desarrollado los procesos relativos, por ejemplo, al nombramiento del fiscal nacional para darnos cuenta de que entra a tallar unaserie de “gallitos” políticos, o en otros casos empieza a operar casi automáticamente el cuoteo político. Creo que ese tipo de lógicas puede conspirar en contra de que lleguen a ejercer altos cargos las personas más idóneas, más probas, más capacitadas.
– ¿Cómo podría evitarse? – Observando el derecho comparado podríamos ver que existe una tendencia a separar las funciones administrativas de las propiamente jurisdiccionales. Es decir, que los jueces se dediquen asu función propia, que es conocer causas y juzgarlas. Y que todo lo relacionado con lo administrativo, es decir con los nombramientos, ascensos, per
mutas, régimen disciplinario y la formación, quede entregado aun órgano distinto.
-¿Quiénes lo integrarian? – Evidentemente tiene que haberjueces, pero debe estar integrado, a mi juicio, por una mayoría de personas técnicas. Pienso en decanos de las facultades de derecho, elegidos por sorteo, y representantes del Colegio de Abogados, que por lo demás se preocupa de velar por la conducta ética de la profesión. Eseórgano debería conformar una quina de la cual sólo el Presidente elija un nombre, excluyendo la participación del Senado. Con eso se logra de alguna manera equilibrar los criteriostécnicos conel criterio político que podría animar la decisión del Presidente. Y además algo muy importante, y es que laintervención de órganos reconocidamente políticos se dice que comunica legitimidad a ór»ganos como los jueces, que no son electos popularmente.
MINISTRA VIVANCO
-Usted trabajó en la UC con la ministra Vivanco. ¿Qué opinión tiene deella? -Tengo la más óptima opinión de la ministra Vivanco como profesora de derecho constitucional, formadora de generaciones, generadora de una importante doctrina constitucional, además muy relevante en temas de bioética. Como ministra del Tribunal Constitucional pudecomprobar quetiene eximias condiciones comolitigante. Como ministra de la Corte Suprema también ha tenido una actuación relevante en algunas áreas relacionadas con el derecho ala salud. Digo esto y loenfatizo porque estoy muy sorprendida -como muchos de quienes nos relacionábamos con ella en este plano- por la cantidad de cosas que sele imputan. Indudablemente no nos calza, de modo que sólo cabe esperar que el derecho opere objetivamente, conforme a estándares de debido proceso, y quesalga a la luz laverdadjurisdiccional, porque la acusación constitucional, especialmente en la etapa del Senado, es un juicio político.
