El contexto político y judicial chileno se ha visto convulsionado por la presentación de acusaciones constitucionales contra los ministros Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus, acusaciones formuladas por diputados de la oposición, el oficialismo y la Democracia Cristiana. Este tipo de acciones buscan determinar si los magistrados han incurrido en un notable abandono de deberes, lo que podría derivar en su destitución.
Desde una perspectiva jurídica, Catalina Salem subrayó que las acusaciones constitucionales se refieren a “conductas específicas y concretas” de los magistrados en su rol dentro de la Corte Suprema. Para Salem, este tipo de acciones se enmarcan dentro de la competencia de control político del Congreso, ya que no se dirigen a revisar las resoluciones judiciales, sino a evaluar el incumplimiento grave de los deberes esenciales de la función judicial, tales como la independencia, la imparcialidad y la probidad.
Salem fue enfática en señalar que, aunque los hechos conocidos públicamente otorgan cierta plausibilidad a las acusaciones, es fundamental que las comisiones correspondientes acrediten la gravedad de estas infracciones. «La forma en cómo se lleve adelante el juicio político, los argumentos que sustenten la absolución o culpabilidad, tanto jurídicamente como políticamente, deben ser ponderados con la máxima prudencia, más allá de la contingencia política», afirmó.
Para leer el análisis completo de Catalina Salem y conocer más sobre las implicaciones jurídicas de estas acusaciones constitucionales, te invitamos a visitar la publicación en El Mercurio Legal a través del siguiente enlace.
