Durante la sesión, Peña abordó los proyectos contenidos en los Boletines N° 16.581-07 y N° 16.989-07. El primero propone extender la facultad del Presidente de la República recurrir al empleo de las Fuerzas Armadas en aquellas zonas urbanas o rurales que requieran protección por motivos de seguridad ciudadana ampliando la protección conferida a la infraestructura crítica. El segundo, en tanto, plantea un régimen de excepción transitorio, por el plazo de un año, que permitiría la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a fin de enfrentar el crimen organizado y otras amenazas emergentes.
Peña destacó la importancia de estas reformas en un contexto donde la delincuencia ha evolucionado hacia formas más complejas, como el narcotráfico y el crimen organizado, señalando que las herramientas actuales no son suficientes para combatir estos fenómenos. Además, hizo hincapié en la necesidad de armonizar estas propuestas con la Carta Fundamental, evitando incongruencias constitucionales y asegurando el respeto de los derechos fundamentales.
La exposición de Marisol Peña dejó de manifiesto la relevancia de adecuar el marco normativo a las nuevas demandas ciudadanas en materia de seguridad, subrayando la urgencia de contar con mecanismos más efectivos para enfrentar las crecientes amenazas a la seguridad pública.