El lunes 8 de julio de 2024, Marisol Peña, Directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, fue entrevistada por El Mercurio Legal. En su intervención, Peña respaldó la propuesta de la Corte Suprema de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, destacando que los notarios, conservadores y archiveros «están bastante lejanos del quehacer jurisdiccional cotidiano u ordinario». Sin embargo, expresó su preocupación sobre la posible politización de los nombramientos si se incluyen representantes del Ejecutivo y Legislativo en los nuevos órganos autónomos propuestos.
Cerca del mediodía del viernes se reunió el ministro de Justicia, Luis Cordero, con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo. Se entregó a la autoridad de gobierno la propuesta del Pleno para modificar el sistema de nombramientos, el cual ha estado bajo el escrutinio público en las últimas semanas a raíz del caso “WhatsApps”.
El documento plantea “fijar las bases de lo que, en concepto de esta Corte, debieran ser los lineamientos de una reforma normativa sobre dicha temática”. Se volvió así sobre un punto consensuado hace tiempo: la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas.
Los supremos proponen la creación “de uno o más órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, idealmente dotado de autonomía constitucional”, que abarcan, por ejemplo, la carrera funcionaria (incluidos los nombramientos, traslados y permutas), las calificaciones, responsabilidad disciplinaria, gestión de recursos, entre otros.
El modelo que respaldó la mayoría de los supremos fue la creación de tres consejos o unidades macrozonales (zona norte, centro y sur del país) que tendrían a su cargo nombramientos en sus territorios y estarán coordinados entre ellos y con un “Consejo o instancia Nacional”, la cual debiera estar conformada por una mayoría de miembros de la judicatura y podría sumar a representantes del Ejecutivo, del Congreso, Colegio de Abogados y facultades de Derecho de las universidades reconocidas por el Estado.
Además, el Pleno advierte que “respecto de los notarios, conservadores y archiveros, ya se ha expresado la convicción por suprimirlos de la órbita de la administración de justicia”.
De manera transversal, los expertos consultados coinciden en este último punto. Para el académico de la U. Católica de Valparaíso Eduardo Cordero, se trata de “una propuesta que parece razonable. Estos funcionarios cumplen con una tarea que no es estrictamente jurisdiccional, de manera que la intervención en el nombramiento y el control que se debe realizar sobre su gestión es una tarea que no debe estar entregada al Poder Judicial”.
A su vez, Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, en forma personal, indica que “esos cargos se debieran llenar con criterios técnicos de eficiencia y económicos”.
Mientras que Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la U. del Desarrollo y exministra del Tribunal Constitucional (TC), añade que “aunque son auxiliares de la administración de justicia están bastante lejanos del quehacer jurisdiccional cotidiano u ordinario”, por lo que comparte la postura planteada por la Suprema.
Advertencia sobre eventual politización
En cuanto a otros aspectos de la propuesta, el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, cree que en líneas generales, lo expuesto “va en la línea correcta”, pues otro punto en que se coincide es en la separación de la función jurisdiccional de la administrativa, aunque existen algunos reparos. Para Aldunate, que se plantee que existan órganos que “estén territorialmente desconcentrados es cuestionable. Eventualmente, puede aumentar excesivamente los costos, además de ofrecer menos garantías desde un punto de vista de la independencia interna”, lo que al menos debe debatirse más.
Coincide en ello Vergara, para quien, “en principio, no parece adecuado, porque se fragmenta una cuestión esencial. Podría haber una composición de una forma para los jueces del norte, otra de centro y otra del sur”, resaltando que en este punto el propio Pleno de la Corte Suprema no es unánime”.
Peña, por su parte, valora que se otorgue autonomía constitucional al Consejo Nacional de la Justicia encargado no solo de los nombramientos judiciales, sino que de otros aspectos como los traslados y permutas de magistrados, y “que dicho órgano se descentralice regionalmente en tres consejos zonales”.
A juicio de Cordero, la propuesta del Pleno fija un marco básico; pero “hay muchos aspectos que deben ser precisados y desarrollados con más detalles, lo cual puede dar lugar a un largo debate”.
Sobre las integraciones, la exministra del TC no comparte “la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en dichos órganos, ni en el nacional ni en los regionales, porque ello podría favorecer la politización de los nombramientos”. Mientras que para Vergara que se proponga que el Poder Judicial tenga mayoría “altera los equilibrios, (…) no parece adecuada esa hegemonía de un solo estamento”.
