Una medida inusual tomó la semana pasada el Pleno de la Corte Suprema: convocar a audiencia pública —para mediados de julio próximo— a los postulantes al cupo de ministro dejado en noviembre pasado por el ex magistrado Haroldo Brito, en circunstancias que aún no se resuelve la convocatoria abierta hace un año y medio por la vacante dejada por otro ex juez del máximo tribunal, Guillermo Silva.
Lo normal es que no se avance en nuevos nombramientos mientras haya alguno pendiente y eso lo recordaron los tres ministros que votaron en contra de esta decisión, Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama y Mauricio Silva; sin embargo, hay quienes destacan que con esta decisión se habría querido “dar una señal” frente a la demora del Gobierno en la designación que se mantiene abierta desde noviembre de 2022 y que no ha podido ser resuelta por desacuerdos entre el Ejecutivo y el Senado.
Ante esta decisión, varios especialistas sostienen que con ella se está demostrando la necesidad en el máximo tribunal de completar su integración, pero que también visibiliza las dificultades existentes en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en las designaciones tanto de este como de otros organismos en los últimos años.
Evidencia un “sentido de urgencia”
A lo infrecuente del llamado a audiencia antes de que se cierre el concurso más antiguo se suma, destaca el profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales (UDP), Mauricio Duce, que “también es inusual que los procesos de nombramiento, como el que está pendiente, lleve mas de un año y medio, porque eso comienza a alterar el normal funcionamiento de la corte”.
“La Corte Suprema está con un par de cargos menos de los que requiere para funcionar adecuadamente y me parece que el que hayan decidido, por así decirlo, avanzar, contra lo que tradicionalmente han hecho, da cuenta de este sentido de urgencia que está viviendo, en que se avance en las designaciones”, agrega.
En la misma línea, el docente de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Tomás Jordán, recuerda que actualmente son tres los cargos vacantes en el máximo tribunal —a los de Silva y Brito se sumó en diciembre pasado el de Jorge Dahm—, “lo cual da cuenta de un problema que esta teniendo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo” en las designaciones.
“Creo que eso es el tema de fondo que está irradiando todo en los mecanismos de nombramiento colegiado y de contrapeso”, dice y añade: “El problema del sistema político está impactando en los nombramientos bajo la fórmula del contrapeso, en razón de que no se logran conciliar la voluntad o las miradas del Ejecutivo con las mayorías que están hoy en en el Senado y eso está atentando contra el normal desarrollo o funcionamiento de las instituciones”.
Problemas en el sistema de nombramientos, no solo el caso puntual
“Esto puede ser tanto un mensaje para el Ejecutivo como para el Legislativo, porque lo que hemos visto es que las designaciones de este tipo, no solo en materia de la Corte Suprema, sino que en otros cargos, como el Tribunal Constitucional y el propio cargo de fiscal nacional, estaba tomando mucho más tiempo y se han entrabado en el Senado también”, señala Duce.
Y agrega que “tal vez la señal más importante es que la Corte está diciendo que ahí hay un sentido de urgencia en que se avance en designaciones para favorecer un funcionamiento más regular (…), con todos sus integrantes”, aunque advierte que “no solo es un tema del Ejecutivo, sino también de cómo están funcionando estos mecanismos que suponen acuerdo entre este último y el Senado”.
Jordán explica que el modelo chileno, al ser de contrapeso, es decir, “en equilibrio entre la nominación del Presidente y el consenso, la venia o el acuerdo, según la constitución del Senado, lleva a que sean negociaciones muy intensas, muy complejas”.
Esto último se extrema, señala el académico UAH, en un caso como el actual, donde el Gobierno tiene minoría en el Congreso, no siendo posible lograr los 2/3 necesarios “si no hay un acuerdo amplio entre los distintos sectores políticos, lleva necesariamente a examinar la posibilidad de nombramientos que reflejen ciertos equilibrios de posiciones o miradas jurídicas o políticas de los nuevos ministros”.
“Me parece que esa es la clave, no solo el nombramiento, sino un mal funcionamiento de la relación Ejecutivo y Legislativo”, asegura.
Peña, por su parte, se pregunta qué demuestra este tipo de demoras y asegura que se trata de “la falencia de nuestro sistema político, que está haciendo imposible los acuerdos en temas de relevancia como este, y la obcecación del gobierno de querer imponer un nombre que definitivamente no genera consenso”, en referencia a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Jessica González, propuesta para el cupo de Silva, aunque su nombre no genera una adhesión transversal en el Senado, donde necesita 33 votos para ser aprobada.
“Esta situación solo refuerza la urgencia de cambios en el sistema político, pero además debiera motivar un cambio en el sistema de nombramientos en el sentido de que la quina debe ser armada con un sentido de preferencias”, dice y explica: “Si el gobierno no propone el primer nombre dentro de un plazo máximo de un mes se entenderá que propone el segundo nombre, a menos que expresamente señale lo contrario”.
Fuente: El mercurio Legal
