Luego del plebiscito del 17 de diciembre, se han realizado varios análisis de los resultados que terminaron con cuatro años de incertidumbre constitucional, y es en este contexto, que Catalina Salem, investigadora del Centro de Justicia Constitucional, e integrante de la disuelta Comisión Experta, evaluó los procesos constitucionales de los últimos cuatro años en Chile, la necesidad de retomar la tradición del reformismo y abandonar el concepto de poder constituyente originario.
Para la experta constitucional y académica de la Facultad de Derecho UDD, ambos procesos cumplieron el objetivo de fomentar el diálogo democrático y rechazar la violencia como método político, pero que la meta de obtener una nueva Constitución no se materializó, generando una evaluación negativa y desafección ciudadana. Asimismo, destacó puntos importantes de la propuesta constitucional rechazada, como la reforma al sistema político, la modernización del Estado y la protección del medio ambiente.
Por último, destacó el rol continuo del Centro de Justicia Constitucional UDD en el debate público, contribuyendo con ideas técnicas y análisis sobre la aplicación y reformas de la Constitución vigente en Chile.
Los dos procesos constitucionales de los últimos 4 años tienen que ser evaluados a partir del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Ese acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, firmado por la mayoría de los partidos políticos y con representación parlamentaria, tenía dos claros objetivos. Por una parte, la paz, que significaba volver a revalidar nuestras fórmulas democráticas a través de procedimientos que facilitaran la deliberación democrática; y, por otra parte, rechazar la violencia como método de acción política.
En ese sentido, creo que los dos procesos cumplieron su objetivo, dado que usaron mecanismos y procedimientos que permitían fomentar el diálogo democrático. Considero que el segundo proceso, corregido después de las lecciones del primer proceso, enfatizó ese punto. Por otra parte, el objetivo de obtener una nueva Constitución, que también fue buscado por el ‘acuerdo por Chile’ de diciembre del año pasado, no se cumplió y en ese sentido, la evaluación que se tiene de los dos procesos puede ser negativa.
Las lecciones que se dejan para Chile es que debemos retomar la tradición constitucional del reformismo, y dejar de lado un concepto de poder constituyente originario que prevaleció fundamentalmente en el primer proceso constitucional y que el segundo proceso constitucional dejó de lado.
El segundo proceso constitucional parte de una concepción de poder constituyente, que tiene que ver más bien con un poder constituido y sujeto a límites, y particularmente sujeto al derecho. Creo que eso es muy rescatable en el futuro. Si es que se quieren retomar ciertas discusiones constitucionales, es importante hacerlo desde el reformismo y en el Congreso Nacional.
Considero que fueron múltiples las causas que llevaron a rechazar esta segunda propuesta constitucional. Sin lugar a dudas hay una desafección de la ciudadanía. Tras el primer proceso constitucional -rechazado el año 2022- hubo un fuerte sentido común de entender que la Constitución Política no soluciona todos los problemas.
Aunque este segundo proceso se realizó de manera más republicana, responsable, con bordes y garantías para respetar nuestra tradición constitucional, la ciudadanía esperaba de sus representantes, no continuar en el proceso constitucional, no continuar en la discusión constitucional, sino que atender de manera urgente las demandas ciudadanas. Creo que eso puede ser una de las múltiples razones del resultado del pasado plebiscito.
El proceso constitucional que recién pasó por cierto que contemplaba varios mecanismos que mejoraban la deliberación democrática. En la Comisión experta, creo que se cumplió con éxito su misión, se demuestra en un anteproyecto aprobado casi por unanimidad de sus 24 integrantes y que rescataba elementos fundamentales de nuestra tradición constitucional e innovaba en varias materias. El Consejo Constitucional respetó en las formas, en los procedimientos y también las doce bases constitucionales, sin embargo, creo que no pudo llegar a un entendimiento que implicara un gran acuerdo político entre todas las fuerzas y partidos políticos que estaban representados en ese Consejo Constitucional. Quizás ese fue uno de los elementos que podría haberse revisado de otra forma y quizás -no lo sabemos- el resultado habría sido distinto. Respecto al Comité Técnico de admisibilidad, si bien no tuvo la oportunidad de revisar algún requerimiento que se le haya planteado, su sola existencia contribuyó a dar una garantía democrática para las minorías dentro del proceso constitucional en caso de que no se respetaran las doce bases constitucionales y eso, por cierto, le da legitimidad al proceso.
Lo más importante para la ciudadanía, cerrado estos dos procesos constitucionales, es ahora que los partidos políticos, particularmente los que tienen representación en el Congreso Nacional, y el presidente de la República, puedan llevar a cabo aquellas reformas legales que son necesarias para atender a las demandas sociales. Sin duda que un elemento que estaba en la propuesta constitucional rechazada era una reforma el sistema político. Hoy día, nuestro sistema político se encuentra entrampado, en un estado de inercia que impide a los representantes poder llegar a acuerdos políticos que den solución rápida a esas demandas ciudadanas y creo que una posible vía de discusión hacia el futuro es que esas demandas también puedan ir de la mano de una mejora al sistema político. El sistema político es lo que permite a nuestros representantes recoger las demandas ciudadanas y darles una solución para devolverlas como políticas públicas, por ejemplo, a la ciudadanía.
El punto que merece un rescate de la propuesta constitucional es el sistema político como he mencionado. Creo que gran parte de los problemas que están sin solución se deben a la necesidad de una reforma a nuestro sistema político. En materia de modernización del Estado, había varias normas que apuntaban en ese sentido, y a la modernización de nuestros órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, los sistemas de nombramiento, un Estado de Derecho con órganos que no tienen completa su integración, por falta de ejercicio de la potestad de nombramiento que tienen los órganos llamados a designar los integrantes, es un estado de derecho que se encuentra debilitado. Por último, creo que también son rescatables las normas relativas a la protección del medio ambiente, un aspecto muy innovador y necesario en el contexto en el que hoy estamos.
Hoy día el Congreso Nacional se encuentra fragmentado en distintos partidos políticos, y la posibilidad de llegar a acuerdos, por ejemplo, por parte del presidente de la República para llevar a cabo su agenda legislativa lo obliga a negociar con cada uno de estos pequeños partidos políticos y también con los partidos políticos grandes, y eso tiene un costo de negociación que es muy alto y por eso a veces no se logran los acuerdos. Las reformas que se proponían en la propuesta constitucional del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta, apuntaban a disminuir ese fraccionamiento. Por ejemplo, a través del umbral del 5%, que permite que solamente aquellos partidos políticos que alcancen el umbral del 5%, puedan estar en el Congreso Nacional, puedan tener derecho a un escaño. Entonces creo que ese es un aspecto en donde existía un consenso de que era necesario avanzar, además de otros elementos que existían, por ejemplo, la agenda prioritaria del presidente de la República, que le permite dentro de un año sacar adelante tres proyectos de ley que son trascendentales para su agenda de gobierno. Eso son algunos de otros muchos aspectos del sistema político que podrían ser rescatados.
El Centro de Justicia Constitucional puede seguir contribuyendo al debate público en materia constitucional; primero, porque todavía tenemos una Constitución vigente y es una constitución que ha tenido recientes reformas. Por ejemplo, en materia de quórum de reforma constitucional y también en materia de leyes orgánicas constitucionales que regulan aspectos importantes de ciertos órganos del Estado de Derecho. Se abrirán muchas discusiones para aplicar la Constitución vigente, y se pueden abrir otras discusiones para reformar esta misma. El Centro de Justicia Constitucional, a través de la investigación de los investigadores integrantes, podemos aportar a ese debate ideas técnicas que permitan ver las ventajas o desventajas de un determinado diseño constitucional.
