El nuevo proceso constitucional se encuentra en su etapa final y prácticamente no queda nada para que los ciudadanos tengan que tomar la decisión ante dos opciones, “a favor” o “en contra”. Es en este escenario que Marisol Peña, miembro del Comité Técnico de Admisibilidad y directora del Centro de Justicia Constitucional, participó del conversatorio “Proceso constitucional: Oportunidades, virtudes y riesgos” organizado por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Libertad.
El pasado lunes 16 de octubre en el campus de Bellavista, se llevó a cabo el encuentro de conversación que reunió a cuatro miembros del Comité Técnico de Admisibilidad, Claudio Grossman; Tomás Jordán; Victor Manuel Avilés y Marisol Peña. La actividad fue moderada por Tomás Vial, académico de la Facultad de Derecho UNAB y presentada por Raúl Figueroa, director ejecutivo IPP UNAB y Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad.
La actividad se inició con la presentación de los cuatro abogados invitados, junto con la descripción del trabajo práctico del Comité Técnico de Admisibilidad, que tiene por propósito resolver los requerimientos que se interponen contra aquellas propuestas de normas que contravengan lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, que hayan sido aprobadas por la Comisión Experta, sus subcomisiones, o por el Consejo Constitucional.
Ya iniciada la conversación, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, recordó los resultados del plebiscito constitucional del año pasado, subrayando que el 62% de los chilenos optó por la opción «rechazo» frente al proyecto propuesto por la Convención Constitucional. Asimismo, mencionó la encuesta de Plaza Pública Cadem, donde un 12% de los encuestados prefirieron mantener la actual Constitución, y un 40% opinó que el proceso había sido mal gestionado por los convencionales.
En su análisis, destacó que los partidos políticos chilenos se enfrentaron a una encrucijada, optando por la reforma constitucional y la apertura hacia una nueva Constitución, reflejada en el «Acuerdo por Chile» suscrito en diciembre del año anterior.
Ante estos complicados escenarios, resaltó “la relevancia de combinar la experiencia técnica de la Comisión de Expertos con la representación popular a través de los consejeros Constitucionales, en consonancia con la complejidad de las democracias contemporáneas”.
Además, señaló la importancia del acuerdo que posibilitó el desarrollo del actual proceso constitucional, con la introducción de 12 bases constitucionales que orientaron la redacción de la nueva Constitución.
Finalmente, hizo hincapié en que la nueva Constitución debe sentar las bases para arreglos futuros y fomentar la convivencia, basada en la dignidad humana y el Estado Social de Derecho. Subrayando la importancia de tener a personas técnicas y éticas para interpretar la Constitución y asegurar su correcta implementación.
