Ministro expuso esta mañana ante comisión: Hablo de «deficiencias» del modelo de asignaciones
Dentro de pocos días el caso de Democracia Viva, emblema de las investigaciones que lleva el Ministerio Público por traspasos de dineros estatales a entidades sin fines de lucro, entrará en una contienda civil que podría demorar años, según abogados expertos en derecho administrativo consultados hoy.
Lo anterior, instalará un nuevo problema para el Gobierno y el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien en distintas oportunidades desde que estalló el caso el 16 de junio, afirmó que los dineros que recibió la fundación liderada por el ex RD Daniel Andrade, se iban a restituir. El problema es que ahora no depende de los buenos oficios de Montes, sino de los tiempos judiciales.
Todo ello, mientras esta mañana el ministro Montes compareció ante la comisión investigadora de la Cámara.
La sesión en la Cámara partió a las 11 de esta mañana, y al rojo. Mercedes Bulnes (ind), se opuso a la idea opositora de ampliar el mandato del grupo a los traspasos desde los distintos Gores a fundaciones. “¡Quiero que se deje constancia que me opongo!”, dijo, antes de que sus colegas, incluidos los oficialistas, votaran por extender el cometido de la comisión.
Luego, la instancia votó la censura de Erika Ñanco (RD), en contra del presidente del grupo, José Miguel Castro (RN). La legisladora impugnó su permanencia argumentando que su esposa integra una empresa que arrendó hoteles al Estado, como residencias sanitarias, vía trato directo. “Esto jamás se llevó a la justicia”, se defendió Castro.
El debate subió de tono, cuando Cristian Moreira (UDI) cuestionó a Ñanco: “Hay que ser bien cara de palo… hay muchos miembros de su partido que están siendo cuestionados por hechos de corrupción”. Y ella le replicó: “Si fuera por casos de corrupción, usted tampoco debería estar sentado aquí, su partido lidera el ranking de corruptos”.
Al final, los legisladores rechazaron la censura, en votación dividida. Finalizada la escaramuza, expuso Montes. Tras describir cómo opera el Programa de Asentamientos Precarios, explicó que este año culminó una auditoría interna, tras lo cual hubo una “transformación institucional”. Detalló, además, 13 “deficiencias” detectadas en los traspasos de fondos públicos de la cartera.
“En junio estalla el caso Convenios. La crisis desatada tiene un impacto evidente. Ha instalado la desconfianza en la comunidad en las acciones del ministerio, ha generado una semi paralización en el programa (…), también se ha expresado el cuestionamiento político a quienes tenemos las responsabilidades de dirigir el ministerio”, recapituló.
Planteó que hay “factores que explican esta crisis”, entre ellos el crecimiento explosivo de los campamentos, lo que obligó al Estado a recurrir a las entidades privadas, sin tener los “controles” ni las “capacidades de “fiscalización”. Ello, dijo, redundó en algunos casos “el aprovechamiento y mal uso”.
Más adelante, detalló las 13 “deficiencias” detectadas en el modelo de los convenios: ausencia de procesos licitatorios, transferencia de la totalidad de los recursos, falta de presupuestos detallados, no exigencia de boletas de garantía y ausencia de experiencia en los prestadores, entre ellos.
Y dentro de las irregularidades pesquisadas, mencionó: conflictos de interés, contratación de personal con cargo a los recursos transferidos y posible desvío de recursos, entre otros problemas.
El escenario de la demanda civil que debe presentar el CDE a fines de mes no se ve fácil, y las probabilidades de que los dineros que recibió Democracia Viva sean devueltos durante este Gobierno son casi nulas.
La acción civil está amarrada a la vigencia de la medida prejudicial precautoria que ingresó el organismo el 27 de julio, al Primer Juzgado Civil de Antofagasta, para retener los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación.
La Segunda consultó a tres abogados expertos en Derecho Administrativo; todos coinciden en que la acción legal y sus procesos posteriores podrían tardar años.
“Esto se discute a nivel de primera instancia, con la presentación de los argumentos. Luego se pasa a la etapa probatoria y luego el tribunal dicta sentencia”, resume el abogado Julio Pallavicini. Cuando el Estado ingrese la demanda, la fundación debe responder en 20 días.
Nicolás Enteiche, investigador y profesor de Derecho Administrativo de la U. del Desarrollo, explica que “de acuerdo a la medida precautoria deducida por el CDE, la acción que se entablaría es la de ‘juicio de hacienda de restitución de dineros». Para esto, el procedimiento se tramita «con arreglo a los trámites establecidos para los juicios del fuero ordinario de mayor cuantía» (artículo 748 Código de Procedimiento Civil)”.
Agrega que por este motivo el juicio “podría durar varios años, dependiendo de la actividad de las partes. Por la cantidad de dinero que se pide restituir, no se omiten algunos trámites que podrían hacer más breve el procedimiento, como los escritos de réplica y dúplica”. “El mínimo de la tramitación completa de la causa, en razón de su forma de tramitación, no debiese ser inferior a dos años”.
Juan Francisco Sánchez, socio de Valdivia Legal, explica que “una demanda de esta naturaleza podría tardar diez o más años”. En tanto, aclara que el monto a restituir (según Vivienda $391 millones) podría afectar la resolución del caso.
“Existe la posibilidad de que los dineros no sean devueltos. Para que el Fisco pueda obtener la satisfacción de su pretensión, requiere que un juez condene a Democracia Viva u otra persona. Y, para que esa sentencia pueda tener efecto, se requiere que el sujeto que es obligado a reparar el mal causado tenga suficientes capacidades patrimoniales, pues de lo contrario la sentencia es un incobrable”.
Al comienzo del caso, y con el antecedente que el mismo Andrade instaló (vía emails) cuando aseguró que devolvería parte de los dineros ($426 millones) que le entregó el exseremi Antofagasta, Carlos Contreras (ex RD), en el Ejecutivo habían respirado aliviados, pues se creía que así los caminos se acortarían.
Sin embargo, luego que Vivienda enviara la resolución para poner término anticipado a los convenios (lo que obligaba a DV restituir $391 millones), la fundación decidió interponer un recurso de reposición alegando que, según sus cálculos, la cifra a restituir es menor ($294 millones). Y acusaron al Minvu de entregar información parcial.
La pelea en tribunales civiles caminará a la par con la arista penal del caso, pues el CDE informó el viernes pasado que en los próximos días (podría ser esta semana), se querellará en contra de DV, luego de la sesión del Comité Penal del jueves pasado. La acción también incluirá a la Fundación “En Ti” por los convenios suscritos con la Gobernación del Bíobío, que involucra a Camila Polizzi, en el caso “Lencería”.
El CDE puntualizó que los argumentos van desde “la obtención fraudulenta de recursos fiscales, o de una administración desleal, provocando un perjuicio fiscal. Ello, sin perjuicio de otros delitos que se pudieran acreditar”.
Fuentes del CDE explicaron que dentro de los delitos que se busca perseguir está el del fraude al fisco, lo que sentará un precedente para el resto de las fundaciones.
La decisión, según el organismo, se funda en los antecedentes que “se han tenido a la vista de las carpetas investigativas en cada caso, y que revelarían una serie de traspasos irregulares entre organismos estatales y las fundaciones”.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, dijo que “hemos organizado rápidamente el estudio de las 37 investigaciones penales vigentes, evaluando de manera permanente los antecedentes disponibles y revisando los fundamentos y la oportunidad de nuestras actuaciones.
Ello nos permite arribar hoy a la convicción jurídica de la existencia de hechos que revisten el carácter de delito y a decidir la presentación de dos nuevas acciones penales”.
Fuente: La Segunda
