Publicada el pasado Lunes 13 de marzo del 2023 en El Mercurio Legal
Su ingreso a la Comisión Experta —encargada de redactar el anteproyecto constitucional— fue por un cupo de Renovación Nacional (RN), aunque como independiente, pero hasta antes del proceso finalizado en septiembre pasado la abogada Catalina Salem se había dedicado principalmente a la academia.
Fue durante ese debate que la docente de la Universidad del Desarrollo entregó su opinión a medios de comunicación e incluso expuso ante las comisiones de Derechos Fundamentales y de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional.
“Ahí se fue dando a conocer mi perfil académico, mi forma de plantear los temas constitucionales, y quizás eso hizo más fácil que varias personas me conocieran”, dice sobre su integración en el actual grupo de expertos y, en particular, por su elección como presidenta de la subcomisión de Función jurisdiccional y órganos autónomos, donde se discutirán los aspectos relativos al ámbito de justicia y que, desde la próxima semana, sesionará martes y viernes.
—En el proceso anterior fue difícil el consenso al interior de las comisiones. ¿Qué lecciones saca para esta nueva instancia?
—La capacidad de diálogo es fundamental. Además, el actual diseño de las reglas del anteproyecto no permite que alguien se quede con una determinada redacción sin haberla acordado con los demás. “Tanto en la subcomisión como en la Comisión Experta se requiere aprobar las normas por 3/5 de los comisionados en ejercicio y eso obliga a ponerse de acuerdo, y creo que existe una conciencia, en cada uno de los comisionados, de que acá nadie puede jugar solo a la pelota, sino que todos tenemos que ser un equipo, y así me parece que se ha sentido esta semana. Creo que esa va a ser una gran diferencia”.
—¿Cómo evalúa la propuesta pasada en el área de justicia?
—La propuesta que se rechazó en el plebiscito rompía con dos principios que son fundamentales en un Estado de Derecho: fragilizaba el principio de independencia judicial, y eso uno lo podía apreciar en la conformación del Consejo de la Justicia, donde se podía ver peligro en una politización del Poder Judicial y, por cierto, eso afecta a su independencia externa, y, por otra parte, esto de que existan distintas justicias para distintas personas, según un criterio étnico, es algo que vulnera el principio de igualdad ante la ley”.
—Si se hubiese dejado fuera del sistema de justicia indígena lo penal, ¿cree que se podría haber avanzado en esa iniciativa?
—Hay que hacer una distinción, porque hoy los tribunales tienden hacia la especialización por materia, lo que favorece este criterio de justicia al caso concreto; por eso actualmente existen tribunales de familia, tribunales laborales, etc. Por cierto que puede haber jueces que a lo mejor tengan una formación que los haga entender de mejor manera ciertas situaciones de ciertos grupos, pero tener una justicia paralela rompe con el principio de unidad jurisdiccional, que de hecho está en las bases constitucionales que debemos respetar en la redacción del anteproyecto constitucional.
—¿Podría pensarse en una sala especializada de la Corte Suprema que revisara materias de justicia indígena sin romper esa unidad jurisdiccional?
—Habría que ver orgánicamente cómo funciona, porque no está a nivel constitucional, sino que es legislativo, e incluso a nivel de las mismas decisiones que adopta la Corte Suprema para obtener una mejor administración de justicia.
“Pensar un diseño adecuado a nuestra cultura judicial”—¿Cómo se puede abordar el conflicto, señalado por la misma Corte Suprema, de la sobrecarga que significa para ella encargarse de asuntos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial?
—Ese es un problema que hay que solucionar; el punto es tratar de buscar, y acá no tengo una respuesta inmediata, porque realmente hay que pensar un diseño adecuado a nuestra cultura judicial y a nuestro país que permita que la Corte Suprema, o, en realidad, todos los tribunales de justicia, tengan una dedicación a lo jurisdiccional.
—¿Sería posible retomar la idea de un Consejo de la Justicia?
—Quizás esto se soluciona con la creación de un órgano, pero el punto es quiénes van a integrarlo, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo que pasó con el Consejo de la Justicia fue que su integración y algunas de sus atribuciones podían afectar indebidamente la independencia del Poder Judicial. Esos son los elementos que hay que tener en consideración para poder diseñar un esquema institucional que le permita ejercer sus labores jurisdiccionales sin descuidar los otros aspectos, que también son necesarios para la administración de justicia.
“Es posible crear ciertos órganos internos del mismo Poder Judicial que colaboren en llevar a cabo estas tareas, me parece que ese es el mejor diseño (…). Hay que ver si este cambio lo hacemos a través de órganos o de un consejo, es una fórmula que debe discutirse”.
—Tras el plebiscito, y en sus jornadas de reflexión, el Poder Judicial planteó que el presidente de la Corte Suprema presida un eventual Consejo de la Justicia o algún órgano similar…
—Por cierto que el Poder Judicial y, en este caso, el presidente de la Corte Suprema, tiene que ser la cabeza de esta institucionalidad que se necesita al interior de este para poder llevar a cabo otras tareas que no sean jurisdiccionales; el punto es quién lo acompaña. Si serán otros magistrados, ¿van a tener dedicación exclusiva de administración de justicia más que de ejercicio jurisdiccional, o vamos a tener integrantes externos? Esto último podría ser igualmente bueno, porque una persona externa puede tener una mirada que no resulta tan endogámica del órgano.
—¿Qué le parecía la idea de cambiar el nombre de Poder Judicial por el de Sistemas de Justicia?
—La visión es muy clara, porque está en las bases constitucionales, no hay ningún margen para cambiarle el nombre y me parece muy bien que así sea. El mismo concepto tiene una fuerza que lo equipara respecto del Poder Ejecutivo y Legislativo, con el objeto de controlar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.“La importancia de que el Poder Judicial se denomine como tal es porque es un pilar de la democracia y del Estado de Derecho. Si tenemos un Poder Judicial que no es independiente y que no pueda ejercer labores tan importantes como la protección de los derechos fundamentales —y a veces el Ejecutivo, la Administración del Estado, incurre en vulneraciones de derechos fundamentales—, entonces queda en una situación desmejorada respecto de los poderes clásicos del Estado”.
TC y control preventivo: “Hay que hacerle ajustes”
—¿Está por mantener el Tribunal Constitucional como existe hoy?
—Ha sido algo exitoso en nuestro sistema constitucional, sin perjuicio de que requiere de reformas, por ejemplo en la forma de designación de sus actuales ministros, de manera tal de fortalecerlo en cuanto a la independencia externa.
“La ciudadanía, y ha ocurrido en ciertos fallos, tiene la apreciación de que se trata más bien de un órgano que está muy permeado por la contingencia política, y eso no debería suceder. Los tribunales constitucionales cumplen un importante rol de control al legislador y a otros órganos, un control normativo, para asegurar precisamente la supremacía de la Constitución; por eso es importante su existencia”. —¿Hay otros cambios que cree se debieran hacer, como en el número de integrantes o el control preventivo de las leyes?
—Se ha planteado que su integración sea impar para evitar que los asuntos se resuelvan por empate, y creo que esa sería una reforma apropiada. Además, despolitiza la elección del presidente del Tribunal Constitucional.
“Me parece que está bien que exista el control preventivo de la ley, aunque hay que hacerle algunos ajustes, porque se le han formulado críticas que deben ser consideradas; por ejemplo, que a veces, en etapas muy tempranas de la formación de la ley, se solicita la intervención del Tribunal Constitucional y eso puede distorsionar el debate legislativo (…). Pero si dejamos solamente el control represivo de la ley estaríamos limitando muchísimo las formas de control sobre la labor legislativa para que nuestras leyes realmente cumplan con la Constitución”.
Temas de la subcomisión se definirán en el pleno
—¿Cuáles son las materias prioritarias en el ámbito judicial a discutir en la subcomisión?
—Este miércoles, en la instalación de la subcomisión, se acordó empezar a trabajar desde ya en aquellos órganos que son constitucionalmente autónomos y están expresamente mencionados en las bases constitucionales (Banco Central, Ministerio Público, Contraloría y Justicia Electoral), además del Poder Judicial. Respecto de otros, no quisiera adelantar una discusión que esperemos se dé en el pleno y con los argumentos que cada uno tenga que esgrimir sobre la existencia o no de determinados órganos en el texto constitucional, pero actualmente están fuera algunos que sí existen, como el Tribunal Constitucional o el Servel”.
—¿Van a abrir alguna posibilidad para otros organismos que pidan ser oídos?
—Dado que esta es una comisión donde prevalece un criterio técnico, se va a ir citando a medida que existan dudas respecto de ciertas normas. Hay que recordar que la participación ciudadana no está contemplada para esta primera etapa, sino para cuando se encuentre instalado el Consejo Constitucional.
—¿Qué responde a las críticas por el componente político de la Comisión, al haber sido nombrados por partidos políticos?
—Como comisionados expertos recibimos un encargo del Congreso Nacional y es lógico que la representación que en él existe tenga una expresión en la Comisión Experta, porque se nos encargó funcionar como un órgano técnico que hiciera una propuesta al Consejo Constitucional, que, como sabemos, va a estar integrado por representantes elegidos por votación popular, de manera tal de facilitarles a ellos la deliberación.
